La próxima generación de costarricenses tendrá que aprender a vivir entre reformas. Nacerá con las atinentes a la crisis fiscal latente; vivirá con las relacionadas a paliar el déficit actuarial de los principales regímenes de pensiones así como a mitigar y adaptarse al cambio climático; y fenecerá con las vinculadas a la automatización de labores. Como se explicará, estos desafíos son harto complejos y requerirán que la democracia avance más allá del voto cada cuatro años.
En un desenlace ideal, casi la mitad de la producción podrá ser efectuada por robots, posiblemente alimentados por paneles solares u otras energías renovables. Esto alejará al ser humano de la agricultura y las fábricas y lo llevará a áreas como la educación, salud o entretenimiento, servicios difícilmente automatizables y con menor huella de carbono.
Esto también acercará a las personas en términos geográficos, posiblemente en ciudades densa e inteligentemente pobladas y adaptadas al cambio climático.
Ajustes. Para un transcurrir democrático hacia este escenario, será necesario abandonar las prácticas medievales de proteger los “puestos de trabajo” y enfocarse en la protección de las personas detrás del puesto. Bajo esta línea, se necesitarán al menos tres ajustes a nuestro modelo de desarrollo.
En primer lugar, debemos alcanzar un sistema impositivo neutral o favorable al emprendimiento, a través de un gravamen con respecto al nivel de ventas o renta gravable, de forma que tenga mínimas deducciones así como bajos o nulos gastos contables y legales de cumplimiento.
En segundo lugar, adaptar las cargas sociales para darle un mayor espacio al ahorro individual, de forma que la seguridad social y previsional estén al servicio de las personas y no al revés. Esto evitará como regla el encarecimiento innecesario de la mano de obra y aumentará la demanda por trabajo así como la oferta de empleos, ya que el ahorro individual no genera la distorsión de los impuestos sobre el salario no vinculados a una contraprestación directa.
Además, una seguridad social más intensivamente financiada con ahorro individual empoderará al ciudadano frente al gremio, lo que obligará al Estado a convertirse en un mejor fiscalizador de costos, supeditando su rol de asegurador o proveedor de servicios a mantener los costos bajos y la salud pública accesible.
En tercer lugar, se necesitará cambiar la visión asistencialista de las ayudas del Estado a criterios universales como seguros de desempleo vinculados a capacitación continua y búsqueda activa de empleo. Esto último implicará necesariamente abrir la restrictiva jurisprudencia que pesa sobre el 8% del PIB destinado a educación pública que deja por fuera las destrezas requeridas por la población adulta desempleada.
Reglas. Estas tres reformas siguen los avances dados por las democracias para imponerle al Estado compromisos creíbles con la ciudadanía a través de reglas en áreas como su solvencia (reglas fiscales), la estabilidad macroeconómica (metas de inflación), solvencia actuarial y control costo-beneficio del sistema de salud pública (déficit actuarial cero y cuentas individuales de ahorro).
Pareciera haber un común denominador en el éxito alcanzando por estas reglas en áreas tan diversas y de tan alta complejidad técnica: permiten exigir una rendición de cuentas genuina, donde los entes gubernamentales no puedan apelar a su mayor conocimiento técnico o las asimetrías de información para escapar del enjuiciamiento político constructivo, debido a que las reglas suelen ser sencillas y de fácil comprensión por la gran mayoría.
Adicionalmente, las reglas obligan al compromiso: una vez establecidas, no hay vuelta atrás y que cada palo aguante su vela. Por eso, en los albores de la campaña electoral debemos exigir por cada promesa una regla que la vuelva exigible. De lo contrario, las promesas serán vacías y nuestro voto un saludo a la bandera.
El autor es economista.