Washington DC.- Hace algunos días, el presidente Solís estuvo por Washington. Le escuché hacer una presentación sobre la crisis migratoria en Centroamérica y otros muchos temas relacionados con Costa Rica. Vi a un hombre elocuente, claro en su análisis, firme en la mayoría de los temas, vacilante en otros, pero, en todo caso, razonable.
Fue generoso al reconocerles méritos a sus antecesores y, en general, dejó la imagen de que la política en el país se conduce con civilidad y sensatez. Todos los que estábamos en el auditorio quedamos bien impresionados. Debo decir que como costarricense me sentí orgulloso.
El asunto me dejó pensando, porque sentí que acababa de escuchar a alguien por quien no voté, pero con quien, casi con seguridad, estoy de acuerdo en un 95% de las cosas. Es, por cierto, la misma sensación que he tenido cuando he conversado con Rodolfo Piza y Rafael Ortiz o, de manera más predecible, con Oscar Arias y José María Figueres.
Sospecho, por lo que he visto últimamente, que lo mismo me pasaría con Ottón Solís, con quien no he hablado. La pregunta obvia, entonces, es por qué, si las principales fuerzas políticas del país aparentemente comparten los trazos fundamentales de una visión, los grandes acuerdos nacionales continúan eludiéndonos, la parálisis sea el orden del día y la crispación –para usar la expresión que encanta a los españoles– sea el signo distintivo de nuestro debate político.
Narcisismo. A juzgar por lo que vi del presidente Solís, el nuestro es un agudo caso del narcisismo de las pequeñas diferencias del que hablaba Freud. Nuestra crispación política tiene bases reales muy endebles. Es, antes bien, políticamente inducida y aupada por un sistema perverso de reglas.
Los obstáculos que impiden alcanzar grandes acuerdos entre nuestros partidos principales no tienen que ver con profundas diferencias de principios –por más que nuestros dirigentes crean eso–, sino con factores mucho más prosaicos.
Tales obstáculos están relacionados, en primer lugar, con los incentivos creados por la creciente fragmentación partidaria. Esta, lejos de obligar a los partidos a negociar para construir mayorías, ha exacerbado el tribalismo de nuestras dirigencias políticas, ávidas de explotar cualquier conflicto y magnificar toda diferencia con sus vecinos, con el fin de preservar una cada vez más menguada parcela electoral.
Esto no ha sucedido porque la sociedad lo dicte así. Como lo muestran las encuestas, a la gran mayoría de los ciudadanos les importan poco o nada las diferencias entre los partidos. Antes bien, los están abandonando a todos en medio de la más absoluta indiferencia.
El tribalismo político prevaleciente campea solo entre las dirigencias partidarias, que dependen de la preservación de sus parcelas electorales para sobrevivir. Nuestros partidos han aprendido a vivir de los pequeños conflictos que les dan identidad y protegen, con ello, las carreras políticas de sus dirigentes.
Incapacidad para acordar. En segundo lugar, la incapacidad de alcanzar acuerdos políticos tiene relación con el papel disgregador de los grupos de interés, que desde hace años han instrumentalizado a los partidos y a las instituciones públicas para proteger el statu quo. Sea en la reforma tributaria, la regulación del transporte público o la racionalización de los peores excesos en el empleo público, siempre aparecerá el grupo de interés que impedirá la adopción de una reforma que no le favorezca.
Nuestra sociedad se ha balcanizado en pequeños feudos de interés, sin que los partidos sean ya capaces de ejercer una de sus funciones centrales: la de agregar y balancear esos intereses sociales en una plataforma programática con vocación nacional.
Por el contrario, el ámbito de autonomía política de nuestros partidos se ha reducido al mínimo y han terminado por ser correas de transmisión del interés de grupos sociales y económicos muy específicos –desde los sindicatos del sector público hasta los autobuseros y los porteadores– que los han colonizado para bloquear todo cambio.
Sistema de reglas. Todo esto se agrava por un tercer factor, crucial: la existencia de un sistema de reglas –particularmente en la Asamblea Legislativa, pero no solo ahí– que confiere poderes de veto a grupos muy pequeños, que en muchos casos impiden que prevalezcan las mayorías muy amplias que gravitan en torno al centro político.
La proliferación de puntos de veto en nuestro entramado institucional y la urgencia de reformar algunos de ellos es de sobra conocida y entendida. Pero aquí lo que se sabe y lo que se entiende no es lo que se hace.
En el fondo, ningún actor político en nuestro país quiere renunciar a su poder de veto. El resultado es el empate político que se ha convertido en nuestra norma de vida, en el que la persecución racional del interés de cada actor conduce a resultados irracionales y peores para toda la sociedad.
Resultados peores, pero no suficientemente malos, esto es. Porque este es el cuarto factor: en la Costa Rica actual el precio de la intransigencia y el tribalismo político es más bien bajo.
A pesar de la obvia disfuncionalidad de nuestro sistema político, de problemas sociales innegables y del enojo colectivo, el país dista de estar al borde de una catástrofe económica o social.
Tristemente, pareciera que la irresponsabilidad política es un lujo que podemos permitirnos. Todavía. Pero debemos saber que toda fiesta llega a su fin, y que el baile de máscaras en que se ha convertido nuestro sistema político, que prefiere jugar al conflicto antes que tomar las decisiones difíciles que todos los principales actores políticos saben que hay que tomar, tarde o temprano nos pasará una onerosa factura. Si no a nosotros, a nuestros hijos.
Dejémonos de vainas: no hay nada virtuoso ni heroico en las pequeñas disputas que hoy definen nuestro sistema político. Lo que hay es un concierto de mezquindad, de egoísmo y de ceguera.
Costa Rica tiene todo lo que necesita para construir los acuerdos políticos que podrían transformar positivamente la suerte del país. O casi todo: nos faltan dirigentes con una pizca más de sentido histórico y una pizca menos de vanidad.
Superar el narcicismo de las pequeñas diferencias no es fácil, pero podemos empezar ya: como mínimo, la propuesta del diputado Ottón Solís de formar un gobierno de unidad nacional a partir del 2018 merece ser discutida con seriedad. Es una idea importante.
No solo eso: a la luz de lo que alguien como yo pensó al escuchar al presidente Solís, es la más sensata que se ha propuesto en la política nacional desde hace años.
El autor es politólogo.