El más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013, debe ser un elemento de relevancia en las soluciones que se plantean para el déficit fiscal.
Entre los resultados generales más relevantes del informe, encontramos que la media de ingresos tributarios como proporción del PIB (incluidas las contribuciones al seguro social como impuesto) en los países miembros de la OCDE es de un 34,1%, mientras que en los países de América Latina y el Caribe es del 21,3%.
Según el informe, Costa Rica fue de las naciones que aumentaron, en el 2013, en mayor medida, la recaudación fiscal en proporción con el PIB, pues alcanzó el 22,4%. Mientras que en 1990 nuestras cifras eran de un 16,1%, para el 2000 ascendieron al 18,2% y tuvieron su pico más alto en el 2008, cuando se alcanzó un 22,7%.
La crisis económica nos hizo decaer en el 2009 (21,2%) y el 2010 (20,8%), mientras que en el 2011 y el 2012 se inició una recuperación con cifras de 21,3% y 21,2% respectivamente. Dicho crecimiento nos permite tener un porcentaje por encima del promedio de la región, pero aún muy por debajo del promedio de la OCDE.
La mala noticia es que cuando se analiza la estructura impositiva, entendida en el estudio como la “proporción de las principales categorías de impuestos respecto al total de ingresos tributarios”, porque nuestro país no escapa a un fenómeno presente en el promedio de las naciones de la región y es el mayor impacto de ingresos derivados de impuestos indirectos (IVA o ventas), en relación con los impuestos directos (renta y utilidades).
Dicha circunstancia es muy negativa, ya que la supremacía de la recaudación de impuestos indirectos tiene como resultado un sistema tributario regresivo.
Dos problemas juntos. Precisamente, en el 2013 la recaudación en nuestro país del impuesto sobre la renta y utilidades significó un 4,1% en proporción con el PIB frente al 9,1% de los impuestos al consumo. Un evidente problema de regresividad que las autoridades nacionales deben resolver en conjunto con el déficit fiscal.
Ambas cuestiones se pueden combatir con acciones comunes. Según datos del Ministerio de Hacienda, los grandes contribuyentes nacionales –clasificación asignada por la propia Dirección General de Tributación a las 466 empresas más grandes del país– aportan el 67% de la recaudación total. Específicamente en impuesto sobre la renta, representan el 58% de los ingresos.
Es decir, los datos nos indican que la recaudación del impuesto sobre la renta no es la adecuada, y, a su vez, que un pequeño grupo de contribuyentes tiene mucho más peso que el resto de miles de empresas y personas físicas que operan en el país.
¿Qué pasaría si las empresas y personas físicas en la informalidad son obligadas a regularizar su situación? Probablemente se reduciría el déficit de manera importante y lograríamos mermar la regresividad presente en nuestro sistema tributario.
Pero las autoridades nacionales parecen empeñadas en centralizar sus controles en quienes ya se encuentran en situación regular, y, específicamente, en los grandes contribuyentes, los cuales son objeto de nuevos requerimientos formales cada vez más autoritarios, pese a que los datos oficiales nos indican que en sus operaciones no está el verdadero problema de evasión y elusión fiscal.
Es preciso que el Ministerio de Hacienda revise los procedimientos fiscalizadores a efectos de aumentar la recaudación de los impuestos directos por medio de una expansión dirigida a quienes operan de manera irregular.
Esto, con seguridad, le otorgará a la institución mayor autoridad para solicitar la aprobación de las leyes tributarias que han planteado ante la Asamblea Legislativa y a su vez enviará un mensaje positivo al empresariado que opera de manera regular y responsable.
Marcelo Guevara Leandro es consultor en impuestos de la empresa Deloitte.