Diferentes encuestas y estudios realizados a escala mundial sobre la función legislativa son coincidentes en las bajas calificaciones para los Parlamentos, sin importar el régimen político del país evaluado.
Costa Rica no es la excepción. Recientemente, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica hizo una encuesta, y la Asamblea Legislativa fue la institución peor calificada por los costarricenses, con una nota de 4,2 en una escala de 0 a 10.
Lo más preocupante de los resultados de la muestra no es únicamente la deslegitimación de una institución clave para la democracia –pues el fenómeno pareciera responder a una crisis en todos los Parlamentos del mundo– sino la deficiente administración del Directorio legislativo actual, lo cual ha deslegitimado tanto la imagen del Congreso como la del país con respecto a los índices de transparencia institucional.
El Directorio legislativo (2014-2015) comenzó su periodo con el pie izquierdo. Hemos sido testigos de escándalos por supuesta persecución contra funcionarios, de puestos inventados a expensas de los fondos públicos, la imposición arbitraria de los criterios de quienes integran el Directorio, por encima de consideraciones técnicas, y hasta de limitaciones para el acceso de la prensa a información pública.
Lo anterior ha generado una imagen muy triste para el golpeado Parlamento que, probablemente, se deba a errores por la inexperiencia en la función legislativa, pues el presidente del Congreso pareciera desconocer que la organización interna no puede divorciarse de la institución.
El primero de mayo los diputados tendrán una gran responsabilidad; deberán tratar de revalorizar la función de la institución que representan con la escogencia de un Directorio apegado a derecho y que respete los preceptos establecidos en la Constitución para dirigir el debate, observancia que también ha estado ausente y que la propia Sala Constitucional ha recordado en resoluciones, como la del presupuesto de la República, sentando así un vergonzoso precedente para el Congreso.
Los diputados tienen muchos retos por delante, pues deben elegir un Directorio capaz de entender los desafíos y ejecutarlos, además de dar respuestas a las demandas sociales, que cada vez son más exigentes.
La Asamblea Legislativa es una institución necesaria para alcanzar los objetivos a los que aspiramos como sociedad, y necesita políticos de alto nivel que la dirijan, pero, sobre todo, que comprendan los retos de los Parlamentos modernos. Pierre Avril dijo: “La modernización de los Parlamentos no pasa porque hagan cosas que otros siempre harán mejor, sino por ayudar a los parlamentarios a hacer su trabajo de la mejor manera posible”. Toda buena administración de un Congreso debe aspirar a cumplir este principio.
Emily Reyes es abogada, egresada de la maestría en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Castilla de la Mancha.