En las últimas semanas se ha puesto en discusión nacional el tema de los cultivos transgénicos, debido a la solicitud presentada por dos empresas para sembrar de manera experimental cuatro variedades de maíz transgénico de Monsanto, específicamente en el cantón de Abangares, que fue declarado en 2008 por su municipio como cantón ecológico y libre de transgénicos. Ante esto, los sectores campesinos, indígenas, universidades públicas, organizaciones ecologistas y distintas personas, hemos alertado sobre la amenaza que implica la entrada de maíz genéticamente modificado para la biodiversidad, la salud pública y la agricultura local.
El Gobierno nacional ha hecho esfuerzos incansables por desmantelar nuestra agricultura. Así, por ejemplo, ha cambiado los objetivos de las instituciones que deberían estar al servicio de nuestros agricultores por otros que están muy lejos de resolver sus problemas de producción, crédito y comercialización de sus cultivos. En cambio, ha apostado por políticas que defienden las grandes transnacionales que llevan a un modelo de agricultura corporativa, dependiente de insumos derivados del petróleo que aceleran de forma grave la crisis climática. En nuestro país, este modelo se traduce, igualmente, en el crecimiento de las hectáreas de tierra “de” estas empresas para la producción de monocultivos, como lo han sido el banano, la piña y la palma africana.
Los transgénicos son parte de las “herramientas” de la agricultura corporativa, justificados como la “solución” para el hambre del mundo por su “productividad”. Sin embargo, los cultivos transgénicos están asociados a una disminución de la producción. Esto es debido a que a las plantas transgénicas se les obliga a producir sustancias extrañas que normalmente no producirían, lo cual exige más energía, agua y nutrientes a su producción normal y por ende terminan produciendo menos. Este es un fenómeno comprobado no sólo en experiencias de campo, también en pruebas de centros de investigación que indican que la disminución del rendimiento es de al menos un 10% (USDA 1999).
Sembrar transgénicos es lo mismo que contaminar con una cantidad elevada de sustancias químicas desconocidas la diversidad de plantas y cultivos que los agricultores costarricenses han logrado desarrollar. Esas sustancias extrañas que las plantas se verán obligadas a producir irán en aumento en la medida que más plantas se contaminen. Si los transgénicos se imponen tendremos una cantidad incalculable de sustancias químicas desconocidas y no sabemos qué efectos tendrán sobre otros seres vivos, sobre la naturaleza o sobre nosotros mismos.
Los tratados de libre comercio (TLC) atentan contra nuestra agricultura. Las diversas leyes, políticas y programas que hoy buscan debilitar o destruir a comunidades campesinas e indígenas son casi idénticas de un país a otro. Los políticos que aprueban estas leyes o aplican estas políticas ni siquiera se dan el trabajo de redactarlas o diseñarlas ellos mismo. En la inmensa mayoría de los casos reciben los textos terminados de las corporaciones o de organismos como el Banco Mundial, la FAO, que luego pasan a ser aprobados por los grupos elitistas negociadores nacionales de los TLC. Estamos viendo leyes en un país que son idénticas a las de otro país.
No hay razón para defender los objetivos finales de los transgénicos, que pretenden maximizar las ganancias de las multinacionales que hoy controlan las semillas transgénicas y la producción de agroquímicos. No debemos ser parte de ese conjunto de medidas técnicas, económicas, legales y políticas que tienen como meta eliminar la producción independiente de alimentos, de nuestros agricultores, para poner esa producción bajo el dominio de los grandes capitales, como lo busca hacer la empresa Monsanto en nuestro país.
Los cultivos transgénicos en general no traen beneficio alguno para nuestra agricultura, solo costos y destrucción que caerán sobre los agricultores y sobre los seres vivos en general. Las empresas buscan imponerlos para maximizar sus ganancias y su control sobre la alimentación, la producción de forraje o de biocombustible, sin importarles los daños irremediables que provocarán. La complicidad de los Gobiernos, centros de investigación, academia y organismos internacionales es igualmente culpable, ya que facilita estas negociaciones y su desarrollo.
Defender el maíz criollo es preservar los cultivos naturales, o sea, nuestra agricultura y la defensa de modos de vida cruciales para el futuro de la humanidad.