Lamento la renuncia de la ministra de Salud, Dra. María Elena López, persona honesta, trabajadora, comprometida y conocedora del campo. Ante su salida, más me preocupan las informaciones de la prensa sobre la intervención de la Casa Presidencial en la anulación de tres decisiones propias de dicho Ministerio: cuando la viceministra declaró que los locales de cultos serían revisados para el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento ( La Nación 30/7/2014); cuando GNC Well cerró 33 locales carentes de permiso de funcionamiento o inscripción de productos ( La Nación 4/9/2014); y cuando se obligó a la entidad a derogar la directriz sobre servicio social para especialistas ( La Nación 23/1/2015). Tres decisiones incomprensibles desde el punto de vista técnico.
En cuanto al servicio social, la ministra trabajó con los sectores involucrados (médicos residentes, Unión Médica, Colegio de Médicos, CCSS) para emitir una directriz que salvaguardaba los intereses de todos y garantizaba a la población contar con especialistas a partir del 1.º de febrero, sin afectar el contrato de retribución con la CCSS (el cual obliga a los médicos a trabajar tres años donde la institución los envíe tan pronto concluyen sus estudios).
La intervención de Zapote ha dejado –desde el 1.º de febrero hasta la fecha– a más de 100 médicos desempleados (y a las comunidades, sin ellos), en espera de la convocatoria extraordinaria para hacer servicio social, con incumplimiento obligado del contrato de retribución.