Todas las actividades económicas relacionadas con el aprovechamiento, producción, transformación industrial y comercialización de los recursos naturales, las que agregan valor a los bienes que se producen o comercian, incluso aquellas actividades de prestación de servicios representan, directa o indirectamente, algún tipo de riesgo ambiental, siendo éste uno de los distintos tipos de riesgos que, junto con los legales, financieros, de mercado, regulatorios, de industria, etc., deben de tomarse en cuenta al evaluar la realización de cualquier actividad o negocio.
Una correcta y efectiva gestión de riesgos ambientales ayuda a decidir ahora lo que debe hacerse para limitar futuras obligaciones y, a la vez, mejorar la posición competitiva a largo plazo respecto a cualquier actividad económica a desarrollar. Implica, identificar las actividades, según su naturaleza y priorización de los problemas ambientales que provoca; distinguir los posibles problemas ambientales potenciales; calcular la probabilidad de ocurrencia de dichos problemas; explorar soluciones alternativas, y determinar las acciones que deben tomarse para minimizar los riesgos detectados.
La gestión de riesgos ambientales busca prevenir, en la medida de lo posible, el daño ambiental, minimizar al máximo las probabilidades de su ocurrencia y además, convertirse en un escudo protector contra una posible imputación de responsabilidad de carácter objetiva y solidaria, por acción y omisión, por hecho lícito e ilícito, propia de la materia ambiental.
Desde una perspectiva jurídica, la debida diligencia obliga a integrar la gestión de riesgos ambientales de previo al inicio de un negocio jurídico, durante su vigencia e incluso en la etapa posterior a su finalización, lo cual puede lograrse mediante la inclusión de “cláusulas verdes” en los distintos contratos.
De esta forma, en los contratos crediticios la debida diligencia ambiental implicaría, entre otras acciones: la exigencia de información al prestatario sobre destino que le dará a los fondos; determinar si la actividad, obra o proyecto a financiar es viable y factible técnica, económica, legal, financiera y ambientalmente; corroborar que el solicitante posea la debida capacidad industrial y técnica para su eficaz operación; determinar si la actividad, obra o proyecto es sujeta de realización de EIA, exigiendo la obtención y vigencia de todos y cada uno de los permisos ambientales necesarios para realizar la actividad propuesta.
La debida diligencia obliga al poseedor temporal de bienes en depósito judicial o voluntario a obrar como un “buen padre de familia” respecto a los mismos; a no utilizar la cosa dada en depósito; dar aviso inmediato al depositante sobre perturbaciones a la posesión o despojo, y a evitar e impedir que los bienes en custodia causen daños ambientales. El fiduciario en su calidad de propietario temporal de bienes debe cerciorarse de que los bienes en fideicomiso no contengan elementos o calidades susceptibles de originar daño ambiental; ser diligente en su custodia y administración y, en lo posible, descargar la responsabilidad sobre un asegurador mediante póliza, responsabilidad civil que proteja el patrimonio autónomo del fideicomiso.
Si bien no es posible erradicar el 100% de los riesgos ambientales, mediante su correcta y eficaz gestión puede lograrse minimizar el riesgo a su exposición, disminuir posibles pérdidas económicas potenciales, y a la vez, evitar, reducir, mitigar o compensar impactos ambientales y sociales negativos, de esta forma, su aplicación se convierte en una útil herramienta que representa un costo-beneficio positivo para quienes la ejerciten.