La destrucción dejada por la tormenta tropical Nate en nuestro país nos obliga a reflexionar sobre las mejores formas de protegernos ante los futuros embates del clima. Nate dejó una huella de destrucción mucho mayor que la de hace casi un año por el huracán Otto en la zona norte, con pérdidas y daños en casi todas las provincias.
Las lluvias intensas, con cifras hasta de 400 litros por metro cuadrado, vientos y marejadas, ocasionaron inundaciones y deslizamientos en diversos puntos, con una afectación que alcanzó el 85 % del territorio nacional y con impactos severos en el 45 %. Cifras preliminares de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) estiman el saldo económico del impacto de Nate en $365.883.775,54, sin menospreciar las lamentables 14 vidas humanas que se perdieron.
A los efectos de Nate se suma una temporada de huracanes particularmente dañina en la cuenca del Caribe. Está claro que algo pasa con el clima. Si bien no quiero caer en el error de decir que el cambio climático es culpable de todos nuestros males, sí debemos recordar que la máxima autoridad científica sobre este fenómeno, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) nos ha advertido en su Quinto Informe de Diagnóstico del 2014, que existe la probabilidad de que el calentamiento global genere un aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías en América Central y un incremento en la intensidad de los huracanes en la cuenca del Caribe. Estas amenazas, sumadas a condiciones diferenciadas de exposición de activos del desarrollo y vulnerabilidades, generan cada vez más pérdidas.
Registro de pérdidas. Las tendencias de los últimos años tampoco son halagüeñas. Por ejemplo, según la CNE, entre el 2005 y el 2016 el país registró pérdidas económicas directas por eventos hidroclimáticos por el orden de $1.604.137.948. Las pérdidas registradas en infraestructura (carreteras, puentes, acueductos y alcantarillados) representan un 46 % del monto total. El sector agropecuario es el segundo que registra mayores pérdidas con un 14,4 % del total, poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria.
En suma, los impactos recurrentes del mal tiempo interrumpen en la vida cotidiana de los costarricenses y generan pérdidas y daños que resultan en una erosión constante de los activos del desarrollo del país. Representan, asimismo, una carga adicional para las arcas públicas, ya de por sí con una crisis fiscal en ciernes. La inacción no es una opción.
Si bien las instituciones públicas a cargo de la gestión del riesgo de desastres y la atención de emergencias han hecho una labor ejemplar, la prospectiva del cambio climático nos dice que aumentará la frecuencia e intensidad de eventos extremos. A esto habrá que sumar los impactos probables causados por el aumento en el nivel promedio del mar en puertos, comunidades y zonas costeras. No podemos seguir atendiendo emergencias cada vez más frecuentes sin invertir en la prevención de riesgos y en la adaptación al cambio climático. El impacto futuro de la alteración del clima no es un asunto de ambiente, sino un dilema para el desarrollo del país. Las políticas, tanto en mitigación como de adaptación deben ser vistas como políticas de Estado y no del gobierno de turno.
Política pública. Como respuesta, el Ministerio de Ambiente y Energía, en alianza con el Ministerio de Planificación y Política Económica y la CNE, ha venido formulando la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica, como parte de un conjunto de instrumentos de planificación estratégica en el marco del proceso de formulación del Plan Nacional de Adaptación.
Esta política se plantea como un marco rector que orientará las acciones del país en materia de adaptación. Costa Rica adquirió el compromiso de formular su Plan Nacional de Adaptación para el 2018, como parte de su contribución nacional al Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en setiembre del 2015, el cual fue ratificado por la Asamblea Legislativa un año atrás, el 6 de octubre del 2016.
En los últimos días, se sometió el borrador de la Política Nacional de Adaptación a consulta pública en un afán de transparentar nuestra gestión y promover una discusión abierta sobre los ejes que debería contener y las acciones estratégicas que debería orientar en el marco del Plan Nacional de Acción en Adaptación al Cambio Climático. En esta propuesta buscamos forjar una política a mediano plazo, al 2030, que permita, por un lado, reducir los daños y pérdidas recurrentes por los efectos adversos del cambio climático y, por el otro, generar innovación, orientar la inversión pública y privada, proteger y aprovechar de manera racional y sostenible el capital ambiental y educar a los costarricenses para proteger los activos del desarrollo y aprovechar las oportunidades de cara a los escenarios climáticos futuros.
Invitamos a todos los ciudadanos interesados, al sector privado y a la sociedad civil organizada a aportar sus ideas y sugerencias a esta Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, para ser incorporadas en un instrumento que nos permita mejorar nuestras fortalezas, robustecer nuestro desarrollo y forjar resiliencia ante la adversidad.
El autor es ministro de Ambiente y Energía.