El Estado tiene como fin el bienestar social. Su labor no puede enfocarse en obtener solo rentabilidad económica, léase unas finanzas públicas en números negros; mucho menos, si lo hace supeditando a la inversión social.
El impacto de los programas y proyectos que un gobierno desarrolla encuentran sentido sí y solo sí, su resultado final disminuye la pobreza y la inequidad, mejora la educación, aumenta la salud pública y genera una sociedad más inclusiva. Por supuesto, esto viene de la mano con el crecimiento económico y la disminución del desempleo e inflación.
A marzo de este año, el superávit primario del Gobierno (diferencia entre los ingresos y los gastos, sin los intereses), fue de ¢466.000 millones, un 1% del producto interno bruto (PIB) del 2023. Se trata de ¢104.000 millones más que a marzo del 2022.
El resultado es el mejor de los últimos 18 años en millones de colones, el mejor de los últimos 15 años como porcentaje del PIB y, en buena medida, responde al plan fiscal aprobado durante la anterior administración.
Pero de qué sirve si 287.000 ciudadanos están desempleados y 925.000 personas se encuentran bajo el empleo informal, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a marzo pasado. No se puede aplaudir el descenso del desempleo en el país (10,6%), cuando caemos en cuenta de que detrás está la salida de personas de la fuerza laboral.
De qué sirven los resultados fiscales si el 25% de los hogares vive en pobreza, según lo evidencia el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con datos a diciembre 2022. Cuál orgullo podemos sentir si ocho de cada 100 costarricenses son incapaces de satisfacer sus necesidades alimentarias básicas; si antes de iniciar este Gobierno, eran seis.
De qué sirve si el 27,4% de las niñas y niños en nuestra nación están en condición de pobreza, nos coloca dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el peor registro en esa línea.
De qué sirve si según el Banco Mundial, Costa Rica es en Latinoamérica el país con la mayor tasa de empobrecimiento y desigualdad entre el 2017 y el 2022.
La mejor inversión
No hay duda, la mejor inversión social está en la educación. Pero, somos el país del contradictorio, mientras a los cuatro vientos nos vanagloriamos —y con razón— por ser un país sin ejército, lo cual supondría invertir más recursos en educación, hacemos lo contrario, cada vez presupuestamos menos recursos. Para el 2023, se presupuestó un 6% del PIB, muy lejos del mandato constitucional del 8%.
Sí, el monto más bajo de los últimos cinco años y representa un déficit de ¢200.000 millones, que de acuerdo con el Ministerio de Planificación (Mideplán) afecta transferencias, comedores, transporte y becas.
Sí, ¢1.051 millones disminuye el aporte del Ministerio de Educación Pública (MEP) al programa Avancemos (becas), es decir, 67.184 estudiantes menos que en el 2022.
Enfrentamos un apagón educativo sin plan alguno, porque según la ministra de Educación se trata de un “plan vivo”.
De qué nos sirve un superávit fiscal si la actual administración tiene la entrega de viviendas más baja para poblaciones vulnerables en la historia. Sí, en este primer año de gobierno se entregaron 8.211 viviendas, o sea, 2.000 casas menos que el año anterior y 5.000 hogares menos que en el inicio de la pandemia. De qué nos sirve, si el cierre de las ventanillas para tramitar el bono de vivienda —reabierto apenas en enero pasado—, ya provocó 7.000 familias sin vivienda.
De qué nos sirve, si los giros por ¢60.000 a los costarricenses en condición de pobreza que reinició el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en noviembre pasado, apenas alcanzan para 111.000 hogares —los ya incluidos en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube)—, es decir, las nuevas 22.012 familias en condición de pobreza y pobreza extrema están automáticamente excluidas de este subsidio.
De qué nos sirve si cada vez somos un país más inseguro. Costa Rica ostenta un vergonzoso liderazgo en la región. Récord de homicidios en el 2022 (645) e inexorablemente marchamos a superarlo en este 2023.
De qué nos sirve el superávit fiscal si no disponemos de un plan de seguridad para la protección de todos los ciudadanos.
De qué nos sirve si mientras en la Asamblea Legislativa tratamos de redirigir el rumbo y enfocarnos en la inversión social, como cuando se aprobó dentro del presupuesto de este año ¢81.137 millones para inversión social adicional, el Gobierno a través de su ministro de Hacienda, decide congelar el giro de los recursos, previstos para la CCSS, Banhvi, asociaciones de desarrollo, municipalidades y el Conapam, entre otros beneficiarios.
Para qué superávit fiscal sin inversión social.
El autor es diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC).