El caso del cemento chino podría redundar en el fortalecimiento del Estado de derecho o podría agotarse en un escándalo de proporciones épicas que solo trastocó a los tres poderes de la República y empañó una campaña electoral, pero nada más.
Bien harían los políticos encargados de auditar el tema y los ciudadanos atentos proyectando este caso desde lo coyuntural, para alcanzar lo estructural.
Los diputados de la comisión investigadora tienen una responsabilidad primaria. Se enfrentan a una disyuntiva importantísima: agotarse en lo anecdótico o proyectarse en lo trascendental.
Los legisladores de la comisión especial, en su informe final, podrían fotografiarse dispersos e interesados, emitiendo tantos informes como fracciones estén representadas en la comisión, diluyendo así su responsabilidad de señalar primero a sus partidarios y solo después a sus contrarios, unos y otros, implicados en el que podría ser el mayor escándalo de tráfico de influencias conocido en Costa Rica.
Podrían también limitarse a los hechos y los personajes implicados, evidenciando quién dijo qué, a quién se lo dijo y qué hizo finalmente cada implicado en esta supuesta red de influencias mal habidas, hasta develar y dar forma a una trama que da para una entretenida novela negra. Podrían, de paso, hacer notar las más insalvables contradicciones testimoniales que se hayan escuchado en mucho tiempo en la política criolla.
Lo importante. Sin embargo, también podrían elevarse sobre las circunstancias y la inmediatez típica de este tipo de ejercicios mediático-legislativos, para incidir en lo realmente importante: lo estructural.
Entendiendo que una comisión especial investigadora que logré elevarse a partir de un consenso de fondo que supere la típica incapacidad de la clase política costarricense para los acuerdos importantes, sentaría un precedente inesquivable; además, en medio de una campaña electoral que se perfila con poca hondura.
Podrían los diputados, si tan solo se lo proponen, si tan solo recorren esa milla extra y ven un poco más allá, urgir en su informe que se retome la reforma postergada por más de quince años a la Ley Orgánica del Poder Judicial, acentuando la función jurisdiccional de la cúpula judicial y restándole influencia administrativa. Fortaleciendo la carrera judicial y ampliándola a los fiscales y defensores, optando por la regionalización de ciertas jurisdicciones vallecentrinas (Constitucional y Contencioso Administrativo, primordialmente) y abriendo una sana discusión sobre la ubicación institucional del Ministerio Público (MP) y la Defensa Pública (DP). Perfilando mejor los resguardos ante los conflictos de intereses y la penetración del crimen organizado. Fortaleciendo la rendición de cuentas de los jerarcas del OIJ, el MP y la DP, a quienes la Corte Plena debería confrontar, periódicamente, en sesiones públicas para la presentación de informes, e incluso establecer mecanismos y principios que resten discrecionalidad a la designación de los magistrados del TSE, el fiscal general y otros.
Sobre todo, recomponiendo normas escritas y no escritas, que han perpetuado una endogamia judicial tremendamente perniciosa, cuya “lógica” insostenible ha venido privilegiando a los miembros de la judicatura, generando con ello un efecto endogámico terriblemente complicado que, lo único que asegura es que los miembros de la Corte Plena se conozcan entre sí, y más de la cuenta, al haberse topado ineludiblemente en su historia judicial, sea como compañeros, amigos, jefes o subalternos, complicándose que se controlen mediante el oficio ingrato de señalarse, cuestionarse, investigarse e incluso sancionarse.
Cambio de costumbre. Ningún favor sería más reconstituyente que el que podrían hacer las próximas generaciones de diputados al enviar a la Corte a litigantes y profesores, en vez de continuar con la perjudicial e inveterada costumbre legislativa de nombrar puros jueces y letrados, e incluso alguno que otro fiscal aventurero, creando unas deformaciones endogámicas evidenciadas por todo este escándalo.
La visión del otro lado del mostrador (litigantes) y la profundidad de quienes han dedicado su vida primordialmente a investigar y generar conocimiento (académicos), debería ser convocada por los diputados como tabla de purificación o salvación en los nombramientos futuros de magistrados. Lo contrario, equivaldría a continuar alimentando los vicios que hoy hasta el más lego de los costarricenses percibe en el seno del Judicial.
La Comisión Especial de Narcotráfico que fungió en los años noventa evidenció la necesidad de la carrera judicial. Hoy, esa garantía es una realidad institucional irreversible.
Esta otra camada de diputados: ¿Qué nos va a heredar?
El autor es abogado.