Después del reciente proceso electoral, es hora de hacernos preguntas, buscar explicaciones y proponer. ¿Por qué un abstencionismo tan alto, un 65,2% nacional y un 74% en San José, a pesar de una amplia divulgación del TSE sobre la importancia de los gobiernos locales y la situación socioeconómica de cada cantón?, trabajo muy completo del Ministerio de Planificación publicado en un libro que vale la pena conocer en detalle.
¿Qué información faltó, entonces, para una mayor motivación a los electores?
La más importante: conocer sobre los candidatos a las alcaldías: ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho por su comunidad? ¿Qué pretenden hacer? Y algo fundamental: su hoja de delincuencia.
Sancionados. El reportaje publicado en La Nación el pasado 3 de febrero (p.4 y 5) da cuenta de que 22 personas, que ocuparon cargos de alcaldes o regidores recientemente, y que aspiraban a una alcaldía, fueron sancionados por la Contraloría.
Valga la aclaración de que esos 22 expedientes corresponden a casos concluidos, pues la Contraloría General de la República (CGR) no puede referirse a otros que están en proceso. Sin embargo únicamente se aplicaron seis sanciones.
Más serio aún, el 6 de octubre del año pasado, la CGR pidió al TSE retirar las credenciales y prohibir ejercer cargos públicos por ocho y cinco años a cuatro aspirantes.
Nada de esto conmovió al TSE y, acusados aunque no sancionados, inscribieron sus candidaturas como si nada hubiera pasado. Como era de esperarse, esos candidatos fueron reelegidos, ya que cuentan con las respectivas maquinarias de sus partidos y la clientela local. Incluso uno de ellos, a quien se le impidió ejercer cargos públicos, también ganó la alcaldía.
El reportaje mencionado señalaba que “El TSE y la Contraloría mantienen diferencias sobre quién debe aplicar las penas dictadas contra funcionarios en cargos de elección popular”. Increíble, ¿verdad?
¿Es que ni siquiera existen requisitos morales para aspirar a tan importantes cargos? ¿Y el Ministerio Público? Como suele suceder, pareciera no haber tomado cartas en el asunto.
El abstencionismo no es únicamente no votar, el abstencionismo es también abstenerse de ejercer la responsabilidad que les corresponde a los funcionarios públicos. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
¿Y la cacareada ética de los partidos políticos, que a pesar de esas sanciones los promueven, respaldan y financian para que se perpetúen en sus cargos y en sus mañas? Claro, prefieren hacer la vista gorda, porque con su elección se garantizan activistas para la próxima campaña presidencial, con suficiente cuota de poder y con el dinero del pueblo, incluido el de sus opositores.
Reforma necesaria. Si pretendemos que los ciudadanos se comprometan a elegir responsablemente a quienes nos gobiernen y a participar masivamente en las contiendas electorales, resulta imperativo modificar el Código Electoral.
Al menos en el caso de los gobiernos locales, los candidatos a ejercer los puestos en las alcaldías deberían ser propuestos por las organizaciones comunales, escogidos entre las personas que se distinguen, no por un color político ni por un gran apoyo financiero, sino por su contribución al mejoramiento y bienestar de sus vecinos, a la protección y cuidado de su entorno natural y, por supuesto, por ser personas respetables, dignas de la confianza y respeto de sus vecinos.
La autora es profesora universitaria.