Respecto al artículo del periodista Óscar Rodríguez A., “Soresco pagó $34 millones en fallidos estudios para refinería”, publicado en La Nación el 9 de octubre, manifiesto lo siguiente:
Es una lástima que, antes de dicha publicación, el periodista no consultara a las autoridades de Soresco para que los costarricenses conocieran la verdad real sobre el tema.
El proyecto de construcción de la refinería conjunta entre Recope y la empresa de la República Popular China, mediante la empresa Soresco, ha generado gran polémica en distintos sectores, pero quienes trabajamos en el proyecto –en mi caso, como asesor especializado en derecho administrativo– podemos afirmar, sin temor, que esas críticas no son respaldadas con justa causa ni con medios probatorios que así lo demuestren.
Dejemos a un lado la nebulosa de términos confusos y de falacias sin ninguna tipo de prueba, y analicemos los datos ofrecidos por la empresa conjunta (Soresco), que son un estimado hecho por profesionales preparados en relación con todos los beneficios económicos, sociales y ambientales de este proyecto para el país.
Veamos ahora cuáles son esos beneficios.
Mano de obra directa, servicios, materiales y otros. Se contratará mano de obra, servicios de maquinaria pesada, transporte, madera, cemento, alimentación, vigilancia, supervisión, etc. Monto estimado de inversión: $288 millones.
Costa Rica recibirá ingresos por pago de impuestos al importar equipos industriales, láminas de acero, válvulas, etc.: $125 millones.
La CCSS recibirá, por parte de la compañía constructora, pagos por la seguridad social de sus trabajadores: $92 millones.
Los bancos del Estado financiarán parte de la obra y recibirán el pago de intereses: $13 millones.
La Municipalidad de Limón, colegios profesionales y otras entidades del Estado recibirán pagos por permisos a la constructora: $5 millones.
Beneficios económicos para costarricenses durante 15 años arrendamiento:
Servicios directos contratados a costarricenses por operación de la refinería (servicios de mantenimiento, materiales, transporte, alimentación, electricidad, agua, etc.): $750 millones.
Servicios indirectos contratados a costarricenses por operación de la refinería: $350 millones.
Dividendos que recibirá Recope de las utilidades de Soresco (50%): $880 millones.
Soresco pagará el 30% de impuesto sobre la renta: $1.030 millones.
Impuesto de remesas al exterior de CNPCI. La compañía socia china debe pagar impuestos a Costa Rica por $130 millones.
La Municipalidad de Limón y otros entes estatales recibirán pagos por permisos: $12 millones.
El proceso de refinar crudos para producir productos de alta calidad para el país generará a Recope utilidades de $750 millones.
Se creará un centro de investigación y desarrollo entre las universidades chinas y las costarricenses, y se generarán becas a estudiantes costarricenses para posgrados en universidades tecnológicas de china: $1.000 millones.
Ahorro anual en factura petrolera por importación de combustibles: $450 millones.
Beneficios socioambientales para costarricenses durante la construcción:
Se generarán 4.000 empleos directos, desde el nivel obrero hasta el profesional
Mayor seguridad de abastecimiento de combustibles al ser los crudos más accesibles en el mercado internacional que el producto terminado, principalmente en épocas de crisis.
Producción de combustibles de alta calidad con control total sobre la producción y sus especificaciones, que garantiza emisiones más controladas en la refinería, industria, comercio, transporte, y que disminuyen los efectos negativos en la salud pública (reducción de azufre, nitrógeno, aromáticos, etc.)
Combustible más eficiente energéticamente y acorde con las nuevas tecnologías de motores de mayor eficiencia, que permiten ahorros en el uso de la energía, mejor funcionamiento de los vehículos y mayor vida útil de la flota automotriz.
Se evita que la cadena de intermediarios extranjeros de combustibles que le venden a Costa Rica se queden con más de $400 millones.
La refinería potencia el uso de gas natural, con lo cual disminuye los costos de operación y los precios de los combustibles, y potencia su uso en el resto del país para disminuir el alto costo de la energía eléctrica y de combustibles.
Si el Estado utiliza los impuestos recibidos por la construcción para disminuir el precio del diésel, habría una disminución de ¢10 en el precio por litro. sin sacrificar los ingresos al Estado por impuesto único.
Si el Estado utiliza los impuestos recibidos durante el arrendamiento de la refinería, más los dividendos de Recope, más las utilidades de la operación de la refinería, para disminuir el precio del diésel, que es el combustible para el transporte público, transporte pesado e industrial, disminuiría en ¢60 el precio por litro. sin sacrificar los ingresos al Estado por impuesto único.
La refinería está diseñada para uso de biocombustibles, según la matriz energética del país.
Se produciría biodiésel con tecnologías de punta por hidrotratamientos, evitando los problemas ambientales y energéticos de las tecnologías actuales utilizadas en Costa Rica por esterificación.
La refinería puede procesar hasta 75.000 toneladas al año de desechos biomásicos en base seca y convertirlos en biocombustibles (biogases, biogasolinas y biodiésel).
Ahora bien, en contraposición a todo lo anterior, es importante señalar los costos y pérdidas que traería a Recope y al país el hecho de que no se llevara a cabo el proyecto.
En primer lugar, Soresco es una empresa conjunta conformada con el esquema de una sociedad anónima, con la particularidad de que sus socios son Recope, sociedad anónima nacional, y CNPCI, sociedad anónima nacional china.
Soresco, como sociedad anónima, se rige por el Acuerdo de Empresa Conjunta suscrito entre Recope y CNPCI, y el estatuto de Soresco. Estos instrumentos regulan tanto el actuar de Soresco en cuanto empresa como el de sus socios en relación con ella.
Entre las obligaciones de los socios para con Soresco está la de hacer aportes económicos al proyecto, que se usan en las diversas etapas de este. Así, pues, hasta la fecha, Recope y CNPCI han invertido la misma cantidad de dinero en el proyecto.
Según los estados financieros de Soresco, de junio del 2013 a junio del 2014, se ha incurrido en gastos no recuperables por $3 millones, que se incrementan en $250.000 por cada mes adicional. De no iniciarse la construcción de la refinería, a finales del 2014, esta pérdida subirá a $4,5 millones.
Los costos de oportunidad de no hacer el proyecto son $4.595 millones, según la información suministrada. Además, se pierde la oportunidad de reducir el precio al diésel, con la consecuencia macroeconómica de empeorar la competitividad país que, a su vez, afecta la inversión, empleo y el mejoramiento de vida del costarricense.
Se pierde la oportunidad de generar empleo durante la construcción y operación de la refinería, empeorando la situación social de Limón y del país, pues, según el informe de Recope sobre impacto social, de no construirse la refinería, se debe despedir a 400 empleados.
Unido a esto, se pierden todos y cada uno de los beneficios para el país anteriormente expuestos en detalle, con lo cual Costa Rica se vería privada de esa oportunidad de desarrollo y mayor bienestar para los costarricenses.
Por otra parte, ha sido obviado por los detractores del proyecto que la refinería está diseñada para utilizar biocombustibles, energías alternas como gas natural y procesar desechos biomásicos. Esto diversifica la matriz energética del país, disminuyendo su vulnerabilidad energética al ser menos dependiente de importaciones de combustibles terminados, fomenta una nueva industria agropecuaria, disminuye el efecto invernadero relativo en el futuro, baja los precios a los combustibles, evita tecnologías obsoletas de producción de biocombustibles de mayor contaminación al utilizar la refinería hidrotratamientos y craqueo, todo lo cual implica beneficios sociales y ambientales.
Por último, he de manifestar que la Contraloría General de la República basa su criterio en una interpretación de la traducción no oficial del Acuerdo de Empresa Conjunta, aun cuando la Ley de Traducciones y su reglamento establecen que este tipo de traducciones son inválidas, y lo más grave es que sí existe una traducción oficial que fue omitida por la Contraloría.
De ahí que catalogar un gasto innecesario, basándose en un documento no oficial, es una falta de seriedad, ya que, conforme a la traducción oficial, no hay ningún vicio en los estudios.