Johan Galtung es un sociólogo y matemático noruego conocido por sus estudios sobre la paz. Galtung ha planteado una propuesta teórica denominada “triángulo de la violencia”, mediante la cual busca explicar cómo la paz trasciende la existencia de conflictos bélicos y puede ser lesionada por formas estructurales de violencia que, en suma, impiden a las personas tener acceso a las condiciones más básicas que aseguren una vida digna.
Costa Rica, de otro lado, exhibe con orgullo el estandarte de la paz y la democracia como uno de sus rasgos identitarios más importantes. La cultura de paz hace referencia a un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan solidaridad, respeto por la vida, el ser humano y su dignidad y el rechazo a toda expresión de violencia.
Convendría, al hilo de lo anterior, preguntarse qué tan comprometidos estamos, en verdad, los costarricenses con la promoción de una cultura de paz, en todas sus manifestaciones. En este punto, creo, uno de los elementos que mayor utilidad supone para saberlo es el del estado de los centros penitenciarios del país y su vinculación con las preocupaciones de la ciudadanía.
No es casualidad, por cierto, que países como Bélgica, Holanda o Noruega, que exhiben los índices de cultura democrática más altos, sean también los que cuentan con los sistemas penitenciarios más eficaces y mejor estructurados del planeta.
Es difícil entender la democracia como un grupo de reglas y mecanismos para acceder al poder; y entender la democracia solo como un régimen electoral es agotar muy pronto los alcances de un sistema político cuya aspiración más cara es garantizar que los derechos constitucionales, que actúan como verdaderas conquistas sociales para superar las desigualdades, se cumplan para todos.
Es esto en rigor, el cumplimiento de los derechos fundamentales y el respeto por la dignidad humana lo que diferencia a una democracia, en su sentido material, de otras formas de organización política.
La prensa, que puede ser un aliado de primer nivel para sensibilizar a la población y cuya responsabilidad social, al respecto, es incuestionable, ha sido prolija en informar acerca de las vergonzosas condiciones que cientos de personas afrontan cada día en nuestras cárceles.
El asunto debe solucionarse, no porque, como con mucha demagogia se afirme a veces, se esté alcahueteando a nadie, como quiera, la exclusión de la vida en libertad es castigo suficiente, sino porque en una sociedad republicana, como esa que decimos ser, degradar a una persona a que viva en condiciones indignas es la negación más supina de la paz y la democracia.
El Estado no puede evadir sus responsabilidades y mirar hacia otro lado. No puede deslegitimarse así, tanto por quienes se encuentran recluidos como por quienes afuera esperan a que la reclusión sea algo más que una venganza colectiva, porque nos inspiran valores que prueban nuestra evolución como especie y porque si el Estado no desatiende esa obligación el beneficio será general.
Solución compartida. Asumí el Ministerio de Justicia y Paz consciente de las graves dificultades que enfrenta el sistema penitenciario, una historia de vieja data, pero aún irresuelta. Al tiempo, convencida de que las posibilidades de revertir la situación deben involucranos a todos, a quienes tenemos la responsabilidad política en la toma de decisiones y a la sociedad. De lo contrario, hay que decirlo, los avances serán insuficientes.
No bastará con los esfuerzos emprendidos desde el inicio de esta administración si no contamos con los apoyos del conjunto de los costarricenses, si no somos capaces de transmitir la angustia que el estado de nuestras cárceles generaría, inexorablemente, en cualquier democracia desarrollada.
En esa dirección, con el apoyo de los recursos del empréstito con el BID, se elaboró el proyecto de Unidades Productivas, en varias regiones del país e iniciamos en Nicoya, en terrenos del Ministerio, como una propuesta seriamente reflexionada, replicada con éxito en otras partes del mundo, un modelo de atención penitenciaria moderno que favorece la educación y el trabajo y, quizás lo más importante, que busca que la permanencia en reclusión no reduzca, como paradójicamente a veces ocurre, sino que potencie la reintegración a la sociedad.
El de Nicoya podría convertirse en un ejemplo de centro de atención institucional con todos los beneficios que esto traería (entre otros, una inversión de veinte millones de dólares, ocupación de lugareños en su construcción, espacios laborales para la atención sostenible, que el Estado debe garantizar mediante la inclusión presupuestaria correspondiente, comodidad para las familias de las personas de la zona que hoy deben hacer grandes gastos de traslado para visitar a sus parientes).
Grado de responsabilidad. La comunidad no puede expulsar de su seno a quienes han infringido la ley, porque algún grado de responsabilidad se debe asumir. Si este país hace de la paz y la democracia algo más que su mito fundacional, una sociedad más solidaria, más equitativa, con más oportunidades y menos violenta será posible.
Las mejoras en el sistema penitenciario exigen la concienciación de la ciudadanía y una gestión eficiente y determinada de parte del Poder Ejecutivo. Invertir en la mejora de la atención de las personas privadas de libertad es la más adecuada respuesta que puede brindarse a la sociedad en este campo, en la medida en que posibilita el retorno de personas de bien al seno de la comunidad y no expertos en comisión de otros delitos, más allá de aquellos por los que ingresaron.
Como lo recordaba Francisco, hace unos días, en su visita a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la tarea es levantar y no rebajar; dignificar y no humillar; animar y no afligir. Es necesario, continuaba el papa Bergoglio, vertebrar un proceso que deje una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica de ayuda.
Esta actitud generará mejores condiciones para todos.
De la cultura de paz, esa que conjura todo tipo de violencia, el sistema penitenciario no puede estar excluido, y para que sea así la defensa de los valores democráticos es ineludible. Esto hablará, en definitiva, de qué clase de sociedad somos.
Ese es el reto mayúsculo, que corresponde afrontar al Estado, a la comunidad, a la sociedad entera, para retomar el camino de la paz, la democracia y la solidaridad, para que una nueva alborada se posicione en nuestro horizonte y podamos construir un mundo mejor.
Cecilia Sánchez R. es Ministra de Justicia y Paz