Con profundo desagrado y triste sorpresa, me enteré del proyecto de ley n.° 20.270 para otorgarle la categoría de héroe nacional al militar cartaginés Luis Pacheco Bertora.
La propuesta se basa en el trabajo que Pacheco desempeñó durante la Campaña Nacional 1856-1857, donde protagonizó la primera tentativa en la Batalla de Rivas (11 abril) para desatar un incendio en el mesón que servía de guarida para una facción de mercenarios filibusteros. El infructuoso intento fue seguido de uno similar del soldado Joaquín Rosales, pero fue el alajuelense Juan Santamaría quien alcanzó el objetivo.
Pasado penal. La declaratoria legislativa de un costarricense con el título de héroe nacional debe darse a todo aquel cuya trayectoria total de vida haya sido caracterizada por un intachable prestigio. Pues no resulta suficiente un acto aislado para conceder un honor de ese talente.
En nuestro Archivo Nacional se resguarda el expediente n.° 4994 del Ministerio de Guerra y Marina, en donde se acusa al citado Pacheco Bertora del delito de violación contra la niña Guadalupe Tenorio (de diez años), el 23 de setiembre de 1855, en el antiguo Cuartel de la Artillería.
La niña fue al cuartel a dejar una alforja de almuerzo para Pacheco, por pedido de su prima Vicenta Tenorio, ocasión que el ofensor aprovechó para introducirla en su barraca y abusar de ella con suma violencia. Luego, la pequeña se trasladó a su domicilio, donde su madre notó un sangrado profuso en sus órganos genitales, por lo que incluso se desmayó. Todo fue certificado por el Dr. Francisco Ellendor, quien catalogó el hecho como una violación.
Proceso militar. A los pocos días del ataque sexual, se planteó un juicio militar contra Pacheco. Acción durante la cual los testigos y soldados Mercedes Astúa, Miguel Ballestero, Manuel Aguilar y Mercedes Ballestero lo inculparon. A lo que se sumó el reporte médico del Dr. Cruz Alvarado, quien recertificó el dictamen de Ellendor.
Todo lo cual llevó al sargento mayor Venancio Coronado, el 9 de octubre, y en su calidad de juez militar, a condenarlo a ser fusilado por la gravedad del delito contra la niña.
De seguido, se conformó un Consejo de Guerra de cinco oficiales para que conociese, en segunda instancia, el proceso contra Pacheco. Órgano que, tras algunas deliberaciones, confirmó la sentencia de muerte.
Empero, a raíz de la entonces vigente Constitución Política de 1848, la pena capital solo podía aplicarse para los delitos de homicidio doloso o sedición (art. 111), por lo que, tras otra etapa procesal ante la justicia ordinaria, Pacheco fue condenado, el 30 de noviembre, a una sanción penal de diez años de prisión.
Doble traición. Fue con motivo de la Campaña Nacional, y por indulto del Gobierno, que Pacheco participó en varios de sus episodios. Mas la benevolencia gubernamental no le fue suficiente para mostrar lealtad en tiempos posteriores.
El 14 de agosto de 1859, Pacheco formó parte del grupo de conspiradores que efectuaron el golpe de Estado contra el presidente Juan Rafael Mora Porras, siendo incluso uno de los captores del mandatario, cuando este fue furtivamente arrestado en horas de la madrugada en su domicilio. Acto que Pacheco repitió un año más tarde, cuando integró las tropas que capturaron en Puntarenas al presidente Mora en su intento de regresar al país. Todo lo cual conllevó al fusilamiento de don Juan Rafael, el 30 de setiembre de 1860.
Así, valgan estas líneas para invitar a reflexionar a nuestros legisladores acerca del evidente desmerecimiento que se encuentra inserto en el referido proyecto de ley n.° 20.270. Pues, igual a lo que sucede con los pormenorizados bemoles que deben de valorarse al momento de conceder un beneméritazgo de la patria, también debe de tenerse cuidado al momento de conferir uno de los títulos más egregios con los que Costa Rica premia a sus verdaderos héroes nacionales.
El autor es abogado e historiador.