Hace pocos días se produjo un accidente en las fiestas de Santa Cruz: una atracción mecánica llamada “El Gusano”, especialmente diseñada para el uso de niños y niñas, descarriló y produjo diversos daños físicos a cuatro menores de edad y dos adultos.
Este hecho, que ha pasado sin mayor comentario, es gravísimo. El potencial de daño que tiene este tipo de atracciones es muy alto; la cantidad de personas que las usan –la mayoría de ellos niños, niñas y jóvenes– es elevadísima y, en consecuencia, su operación debe merecer de todos los involucrados en su funcionamiento la mayor atención. No obstante, no vemos que eso suceda en los festejos populares que se realizan, en la época de verano, en la mayor parte de los cantones de Costa Rica.
Con frecuencia vemos que las autoridades del Ministerio de Salud vigilan de manera constante el funcionamiento de las ventas de comida, y eso está muy bien. También observamos igual celo en lo que tiene que ver con la contaminación sónica en el campo ferial y sus alrededores. Sin embargo, en lo que atañe al funcionamiento de las atracciones mecánicas que funcionan en esas mismas actividades multitudinarias no se observa igual constancia y exigencia.
Quienes asistimos a algunas de esas actividades –en mi caso, a las de Zapote para llevar a mis hijas– podemos observar a simple vista la precaria disposición de las redes eléctricas, el deteriorado aspecto de los aparatos y la evidente obsolescencia de muchos de ellos. Para ponerlo en términos populares, las atracciones de Zapote son, en la mayoría de los casos, cacharpas repintadas a lo largo de décadas.
No obstante esa comprobación, el hecho cierto es que esas son las estructuras que operan con autorización de las autoridades del Estado y del Gobierno local en Zapote y, prácticamente, las mismas en todo el país. Ante el reclamo de los niños y niñas, a los padres no nos queda otra cosa que montarlos en ellas mientras cruzamos los dedos pidiendo a Dios que no se produzca una tragedia mientras transcurre el minuto que dura “la vuelta”.
Quisiera aprovechar el suceso acontecido en Santa Cruz para llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Salud y de los Gobiernos locales –ambos llamados a autorizar la operación de este tipo de aparatos– para que pongan mayor atención y sean más rigurosos en la exigencia de requisitos que disminuyan el riesgo para los usuarios y eleven los niveles de responsabilidad sobre los propietarios y operadores de estas atracciones.
Vale decir que la ocurrencia de este tipo de accidentes es generadora de responsabilidades tanto penales como civiles tanto para quienes operan como para quienes autorizan la operación de estas atracciones. Aun sin dolo, el daño al usuario –que tiene un elevado potencial de provocar lesiones graves e, incluso, la muerte de personas– es generador de responsabilidades civiles y penales sea por culpa –responsabilidad subjetiva– o sin culpa –responsabilidad objetiva–.
Particularmente, la responsabilidad subjetiva puede extenderse hasta quienes en el ejercicio de sus deberes, responsabilidades y atribuciones hayan autorizado la operación de los aparatos sin cerciorarse que las condiciones de los equipos y/o de su instalación y funcionamiento cumplan a cabalidad con requisitos exigibles para el uso de personas. Igual cabe residenciar en los propietarios de estas atracciones la responsabilidad objetiva al haber creado un riesgo con la sola operación de los aparatos para obtener beneficios económicos derivados de su puesta en operación.
Cuidemos este importante componente de las fiestas populares con el mismo esmero, rigor y constancia con el que, desde hace varios años, el Ministerio de Salud cuida la inocuidad de los alimentos que se preparan y venden en esos mismos festejos y el grado de contaminación sónica que provocan los equipos de sonido de bares y demás establecimientos que operan en los campos feriales. Al fin y al cabo, en este tipo de atracciones se expone en alto grado la integridad física y la vida de miles de niños, niñas y jóvenes.