En un artículo publicado por este medio, titulado “Universidades privadas: ganancias y acreditación” (26/09/2014), el historiador Iván Molina realiza una serie de cálculos basados en algunos datos un poco aislados para referirse a la posible suma de ingresos totales que obtuvieron las universidades privadas en el año 2010.
Digo “datos un poco aislados” porque los basa en varias fuentes, como la tesis doctoral de Silvia Castro Montero, otros artículos publicados en medios de prensa y el Programa Estado de la Nación.
El problema de fondo que obliga a Molina a realizar una aproximación de los ingresos de las universidades privadas es que no se dispone de información por parte de estas para poder tener un dato real, situación que ha sido denunciada no solo por él sino también por otros investigadores.
En dicho artículo, se afirma que “una estimación considerablemente conservadora, aun si se consideran las becas que otorgan, ubicaría el ingreso total de las universidades privadas en alrededor de unos $100 millones al año, sin incluir cargos por servicios administrativos”.
Este artículo únicamente pretende demostrar que la estimación de Molina es, efectivamente, muy conservadora, y que los ingresos de las universidades privadas podrían ser, como mínimo, del doble de lo indicado.
Estimación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh, 2013), se estima que el país tenía un total de 1.396.747 hogares. De estos, 229.500 reportaron la realización de gastos relacionados con el nivel de educación terciaria.
La Enigh recolecta el gasto en una serie de rubros relacionados con la educación universitaria, que pueden clasificarse en 1) gastos de matrícula y mensualidades, 2) gastos administrativos y 3) gastos fuera de las instituciones educativas.
En la primera categoría se incluye el gasto reportado por los hogares en matrículas y mensualidades de cursos universitarios de pregrado, grado y posgrado. El gasto total anual realizado por los hogares costarricenses en estos rubros se estima en ¢231.335 millones.
Para poder comparar este dato con el reportado por Molina, se requiere desagregarlo por el sector educativo al que asisten los estudiantes. El diseño muestral de la Enigh no fue preparado para proveer estimaciones a este nivel de desagregación, pero teniendo presente que el error estándar de las estimaciones podría ser alto, se puede proceder con el cálculo.
Al hacerlo, se obtiene que de los 229.500 hogares que reportaron gastos en educación superior, 37% lo realizó en instituciones públicas, 46% en universidades privadas, 6% tenían miembros en ambos tipos de universidades y el restante 11% muestra valores perdidos (es decir, no reportaron miembros asistiendo a niveles universitarios, aunque sí reportaron gastos en este nivel).
De los ¢231.335 millones anuales que gastaron los hogares costarricenses en matrícula y mensualidades en educación superior, un 62% (¢144.191 millones) fue pagado a universidades privadas, un 20% a universidades públicas (¢47.260 millones) y el 18% restante no puede asignarse directamente a ninguno de estos sectores.
El gasto pagado a las universidades privadas, expresado en dólares (a un tipo de cambio de ¢560 por dólar) equivale a $257 millones anuales. Nótese que, incluso sin considerar el 18% del gasto que no puede ser distribuido a algún sector, los pagos que hicieron los hogares del país a las universidades privadas por concepto de matrículas y mensualidades son superiores a los $100 millones anuales que estima el señor Molina, lo que pone aún más en entredicho el costo relativo que tendría para las universidades privadas acreditar sus carreras con el Sinaes.
Un último detalle, y que confirma la noción que se tiene de que a las universidades públicas asiste en mayor medida la población de más altos ingresos y que a las privadas en su mayoría asiste población de bajos ingresos, se confirma con los datos de la Enigh 2013: en los dos quintiles más altos de ingreso, de las familias que reportaron gastos en educación superior, un 50% asiste a instituciones públicas (podría ser bastante más, por el porcentaje de no respuesta en estos quintiles), y un 25% a universidades privadas. En cambio, en los dos quintiles más bajos de ingreso de las familias que reportaron gastos en educación superior, la tercera parte asiste a instituciones públicas y poco más de la mitad a universidades privadas.