El pasado 6 de febrero el periódico La Nación publicó en primera plana el titular “Diputados darían a gremios más control sobre Banco Popular”; dos días después, casualmente, apareció un costoso campo pagado de una página completa, firmado por el secretario ejecutivo del Conacoop, haciendo un llamado a los legisladores a oponerse al proyecto de ley 19.227 que busca reformar algunos artículos de la Ley Orgánica del Banco Popular y, para terminar de sumar casualidades, el 9 de febrero este mismo medio editorializa el tema de manera poco precisa.
Ciertamente, nuestro país goza de libertad de expresión y los medios de comunicación, de libertad editorial, pero ambos derechos conllevan responsabilidades y deberes ineludibles, como lo son el apego a la verdad, la objetividad y la incorporación de las voces de los actores relacionados con el tema.
Como Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, órgano de representación de los sectores laborales, nos sentimos no solo excluidos de un tema que este diario parece haber asumido como suyo, sino molestos por las imprecisiones que se entretejen en las líneas resueltas del editorialista que obvia, completamente, que el proyecto de ley nace en el seno de nuestro grupo.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras es el colegiado de máxima jerarquía en el banco y se constituye en el foro deliberativo de las principales organizaciones nacionales; articulamos los sectores sociales en función de sus propios objetivos y representamos a la diversidad de personas trabajadoras que se constituyen como dueñas del banco. Y es en medio de esta diversidad y atendiendo las demandas de los mismos sectores, que surge la propuesta del proyecto de ley 19.227.
Por eso, con sorpresa, pero también con desagrado, leemos las líneas del editorial del 9 de febrero de este medio. Tenemos que hacer un importante esfuerzo para aplacar sospechas y malos pensamientos que nos provocan sus ligerezas y mal intencionado enfoque, perfecto para sembrar terror en algunas personas que desconocen, adrede o por comodidad, el verdadero contenido de ese texto de ley.
Algunas de ellas ya han abierto sus redes sociales, alarmadas y llamando a encender luces rojas porque el banco lo secuestran unas pocas personas que quieren hacer de él una piñata para los politiqueritos de curso.
Nada más alejado de la realidad. Si hay algo que en esencia busca la reforma planteada, es justamente devolver el banco a sus dueños, todos los hombres y todas las mujeres de este país que durante 47 años han depositado su dinero creyendo en el objetivo que le orienta, el de satisfacer las necesidades financieras y sociales de la población trabajadora.
Para lograr esto, propone que el Poder Ejecutivo elija en uno de los puestos en la Junta Directiva a un representante de sector; suma dos nuevos sectores que han venido solicitando su particular representación en la Asamblea (los productores agrícolas y la población pensionada); y da la posibilidad a personas que, a pesar de contar con la experiencia que dan los años y el quehacer, carecen de un título universitario –que en muchos casos no es más que una ilusión de conocimiento y educación– para que puedan unirse a la Junta Directiva del banco.
Este último punto merece un párrafo adicional. Nos sentimos ofendidos cuando se minimiza, y hasta con cierto aire de mofa, se insinúa que nuestros campesinos no son capaces de soltar la pala para tomar un lapicero, o que solo logran sembrar en la tierra, pero no así en grupos directivos.
Esta imagen desfigura completamente el papel histórico que ha desempeñado este grupo en nuestro país y además ignora logros como el de Coopevictoria o Cooprole (hoy Dos Pinos), que surgieron porque humildes campesinos y productores tuvieron una visión de negocio todas las veces mejor que la de muchos graduados universitarios.
Lo anterior no implica, además, que quienes ejercen estos puestos lo ocupen en soledad. A lo largo de la historia, el banco ha contado con un equipo de profesionales de diferente índole, ubicados tanto en la Asamblea como en la Junta Directiva, las gerencias y todo el grupo de colaboradores, que son quienes, en conjunto, le han permitido a la institución ser una de las entidades financieras más sólidas y con mejores rendimientos.
Habiendo hecho la catarsis del caso, podemos afirmar que el proyecto de ley no evade controles, como sugiere el editorialista, quien además se preocupa por el “manoseo político”. Por el contrario, la propuesta los reafirma; triangula el control entre la auditoría interna, la Asamblea de los Trabajadores y las entidades que supervisan todo el sistema financiero (Conassif, Sugef, Sugeval, Sugese, Supén y la CGR, entre otras).
En ningún momento, busca duplicar funciones. La propuesta clarifica los roles, dándole a la Asamblea la potestad de definir las políticas del banco (ya no solo de orientarlas), de forma tal que la Junta Directiva ejecute y la administración gestione, como debió haber sido desde siempre, pues, ¿no son los dueños del barco los que deben definir hacia qué puerto quieren navegar?
Finalmente, no entendemos las contradicciones de otros cuando afirman que el proyecto de ley abre la posibilidad del secuestro de la entidad, pero en otros tiempos, esas mismas personas apelaban por que el banco regresara a la normalidad. Dicho de otra forma, a ser dirigido por los trabajadores del país.
Si se tomaran el tiempo para leer la propuesta con los ojos y no con el velo que pone el hígado, encontrarían allí que esto está más que atendido por el texto de ley.
Confiamos en que la inteligencia y suspicacia de nuestra gente y de los señores diputados logre dilucidar la verdad en medio de humos alarmantes que no evidencian ningún incendio, tan solo representa el interés de unos pocos que, en atribución de muchos otros, quemaron un simple papel para sacar de él un poco de yesca.
El autor es presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.