Los créditos del Gobierno con bancos y agencias de desarrollo internacionales suman, aproximadamente, $6.000 millones. Muchos de ellos financian proyectos de inversión en áreas clave, como agua y saneamiento, e infraestructura educativa, sanitaria (hospitales), vial y férrea. Otros fueron concedidos para la inclusión social y la prevención de la violencia.
Al tratarse de créditos que financian iniciativas o proyectos a largo plazo, casi siempre son varias administraciones las que participan en sus distintas etapas: gestación, diseño, aprobación, desembolso, ejecución y evaluación de cada operación.
Cada una de esas fases se puede extender durante varias semanas, meses o años. Por ejemplo, la aprobación de un crédito soberano del Banco Mundial, del BID o del BCIE para Costa Rica pasa primero por la administración de esos bancos de desarrollo, sus directorios ejecutivos, el Ministerio de Hacienda y, finalmente, por la Asamblea Legislativa.
Históricamente, nuestros gobiernos han sido ejecutores poco eficaces y eficientes en la ejecución de los créditos externos. Los objetivos de las operaciones pocas veces se alcanzan en los tiempos inicialmente establecidos, y menos con el mínimo de recursos posibles.
Restricciones presupuestarias y cambios de prioridades y administraciones, en sobradas ocasiones, retrasan y encarecen llevar a la práctica los proyectos financiados con estos créditos.
La debilidad de varias de las instituciones, que tienen a su cargo la realización de los proyectos, es un factor de enorme peso que contribuye a los retrasos y sobrecostos. Más recientemente, la pandemia agravó todo lo anterior.
Los retrasos en la ejecución de los créditos externos no solo encarece los proyectos que estos financian, sino que además pueden acarrear gastos financieros para la Hacienda pública. Más importante aún, las demoras limitan la aportación al desarrollo de las iniciativas que se financian con estos recursos.
Un crédito externo concedido para la construcción de un hospital o de una carretera y que se ejecuta con lentitud aporta mucho menos al desarrollo del país de lo que inicialmente se previó.
De ahí la importancia de que, desde distintos puntos, incluidas las instituciones externas que dan los financiamientos, las unidades ejecutoras y supervisoras de los proyectos, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y hasta la Asamblea Legislativa, se dé seguimiento continuo a la cartera de créditos externos que tiene el Gobierno.
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El autor es economista, exrepresentante de Costa Rica en el BCIE y el BID.