“Empresas deciden caótica expansión metropolitana” fue el titular del periódico La Nación del 13 de agosto pasado, basado en el Quinto Informe del Estado de la Región. Nada más apegado a la realidad del crecimiento urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La década del 2000 al 2010 representó un avance muy importante en materia urbana y territorial. Se logró culminar las fases I y II del PNDU así como la actualización del Plan GAM de 1982 a través del Plan Regional Urbano Prugam y la entrega de 23 de los 31 planes reguladores de la GAM.
A pesar del apoyo gubernamental no todo fue coherente, pues en ese mismo período el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el gobierno trataron de ampliar el anillo de contención urbano en tres ocasiones, todas ellas fallidas gracias a recursos de inconstitucionalidad.
El Prugam, previo análisis del problema de la expansión urbana horizontal de baja densidad, planteó, entre otros, un desarrollo urbano con fundamento en la zonificación ambiental del territorio, ciudades compactas y multifuncionales y un sistema de vialidad con conectividad regional, y apoyó el transporte masivo de autobuses integrados con el tren interurbano.
Es decir, se propuso un cambio del modelo para evitar un mayor caos urbano, caos que hoy se achaca al sector inmobiliario.
Responsabilidad. Los desarrolladores no han actuado solos, por supuesto. Los acompañan quienes intentaron ampliar el anillo de contención, quienes rechazaron el Prugam y los reglamentos de urbanización y fraccionamiento urbano, los interesados en no tener planes reguladores, la complacencia institucional y colegial, el silencio profesional, el desinterés por el bien público.
Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros, lo dice con otras palabras al afirmar que “la falta de controles ocasiona que el Estado y los inversionistas construyan en cualquier lado” que “la mayoría de los 31 ayuntamientos de la Gran Área Metropolitana (GAM)” carecen de planes reguladores y que “el país lleva más de una década tratando de concretar un plan de ordenamiento territorial que defina las reglas urbanísticas”.
Intenta justificar la actuación del sector privado al afirmar que les parece un poco arriesgado decir “que el desarrollo se ha dado al nivel que han marcado los desarrolladores”, que el Estado ha hecho construcciones en cualquier lado y que el desorden es generalizado. Y atribuye todo esto a que por “falta de políticas públicas no ha habido ordenamiento territorial”.
Decepción. Al consultar también al ministro Rosendo Pujol, el periodista busca en ellos como jerarcas de dos instancias muy importantes una explicación a lo ocurrido. Pero qué decepción, uno reconoce el nefasto protagonismo que ha tenido el sector inmobiliario, pero le resta importancia porque el Estado igual lo ha hecho.
El otro admite el caos generado por la expansión urbana, pero eso no importa porque “el problema más importante no es cuánto aumenta la huella física de la ciudad, sino la calidad del crecimiento en términos de la facilidad de circulación para peatones, ciclistas y vehículos, especialmente, de transporte público”.
¿Acaso no ha sido el Colegio de Ingenieros junto con la Cámara Costarricense de la Construcción y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario los principales opositores a los más recientes intentos de impulsar una política de ordenamiento territorial y urbana como se debe? ¿No corresponde al Ministerio de Vivienda, como rector, impulsar el ordenamiento territorial y la planificación urbana a través de políticas públicas?
Sin empresa privada no se puede construir la ciudad y sin política pública no se puede orientar su desarrollo, solo que esa yunta está jalando los bueyes en dirección contraria al interés público.
El autor es arquitecto.