El Gobierno de Costa Rica recién asumió la presidencia pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para el primer semestre del 2013. Esta designación es una oportunidad para comenzar a ordenar la casa y concretar algunos cambios institucionales que generen mayores beneficios de la integración regional para los países.
La presidenta Laura Chinchilla anunció que una de las prioridades será impulsar una reforma del sistema. Al apostar a esa prioridad, el Gobierno costarricense debe tomar en cuenta que ese mandato enfrenta una fuerte inercia del pasado. En primer lugar, la reforma del sistema ha sido una pretensión en la agenda regional por más de 20 años. Sin embargo, hasta el momento los avances concretos son relativamente escasos. Las primeras reformas fueron planteadas a mediados de los años 90 a partir de varios estudios realizados por el BID y la Cepal. El énfasis fue la centralización de las secretarías en una sola sede y resultó en el traslado de algunas de ellas a San Salvador.
Una segunda ronda, basada en los trabajos de la Comisión ad hoc para el Replanteamiento Integral de la Institucionalidad Regional, derivó en una propuesta de reformas al Parlamento Centroamericano y a la Corte Centroamericana de Justicia, de las cuales solo se completó la primera, en febrero del 2008.
Entre el 2008-2010, se crearon órganos con funciones en temas novedosos como la defensa del consumidor y la seguridad ciudadana, se puso en funcionamiento el Comité Ejecutivo y el Consejo Fiscalizador Regional y se aprobaron reglamentos para mejorar la gestión interna.
Sin embargo, no todos los cambios organizativos adoptados han sido implementados y todavía no aseguran una operación más articulada del sistema. Prueba de ello es que, a pesar de existir un reglamento de nombramientos, la designación del secretario de la Secretaría de Integración Económica (SIECA) generó disputas que aún no se terminan de resolver.
En segundo lugar, la “profunda evaluación” ya se ha hecho varias veces. En los últimos años se han realizado docenas de informes externos e internos. Las fallas más reiteradas son la falta de financiamiento para operar mínimamente, la dependencia institucional de los vaivenes de la cooperación internacional, la duplicación de funciones y competencia entre órganos de integración, la opacidad de sus procedimientos y escasa rendición de cuentas. Encargar un nuevo diagnóstico “en profundidad” y debate sobre la reforma integral del SICA desgastaría infructuosamente al escaso personal de las cancillerías dedicado al tema y desaprovecharía el potencial liderazgo costarricense en los seis meses de presidencia pro témpore. Así, lo que podría ser más útil es que las cancillerías procesen todo este acervo de documentación existente y realicen un ejercicio de naturaleza política para priorizar y analizar la viabilidad de las modificaciones en cada caso.
En tercer lugar, para que el Gobierno de Costa Rica aumente las escasas posibilidades de modificar el desempeño del SICA, debe analizar con cuidado por qué no fueron exitosos los intentos de reforma anteriores. El enfoque con el cual se hicieron estos planteamientos era de largo alcance; algunos proponían prácticamente refundar el sistema, otros se centraban en reformas políticas muy delicadas (concesión de soberanía, por ejemplo). En ambos casos se habría requerido un enorme poder centralizado y recursos en abundancia, que no hay en Centroamérica, para ejecutar esas medidas y además neutralizar a quienes se oponen, que suelen juntarse para asegurar el statu quo.
Ciertamente, es necesario repensar la institucionalidad y adecuar el SICA y sus órganos a las necesidades y prioridades actuales de la región. Sin embargo, ello resultaría más viable por medio de una agenda minimalista, gradual, concreta y práctica. En esta tarea, identificar los intereses nacionales y necesidades compartidos por los países es esencial como fundamento realista para viabilizar políticamente las acciones.
Agenda realista. Según una consulta a expertos desarrollada por el informe Estado de la Región en mayo del 2008, una agenda práctica y realista para la reforma del SICA, que puede ser promovida con más éxito desde Costa Rica, incluiría:
Incorporar la integración y la acción regional en las agendas y los planes de desarrollo de los países y sus instituciones nacionales para la gestión y ejecución de políticas públicas.
Nombrar un órgano encargado en la institucionalidad nacional que dé seguimiento a las decisiones regionales y responda o informe por su aplicación en cada país, y viceversa, coloque temas-país importantes en la agenda regional.
Gestionar y ejecutar la cooperación internacional destinada a la región –cada vez más escasa– con base en un conjunto de objetivos estratégicos y rendir cuentas sobre sus resultados, por medio de una base de datos actualizada y pública de proyectos.
Decretar un período de austeridad (mora) en la adopción de nuevas temáticas y mandatos y concentrar todos los recursos políticos, institucionales, financieros y jurídicos de los órganos e instituciones del SICA en cumplir lo aprobado que está pendiente de ejecución.
Poner en práctica un mecanismo que garantice la seguridad jurídica de las decisiones tomadas en las reuniones de presidentes y los consejos de ministros, particularmente la coherencia con el ordenamiento jurídico de los países y comunitario, y los compromisos y acuerdos suscritos en el pasado.
Nombramiento de autoridades del SICA mediante un concurso abierto basado en méritos, experiencia y trayectoria profesional, que incluya mecanismos de evaluación de gestión.
Incorporar en las agendas legislativas que, al menos una vez al año, se dedique una sesión de plenario de control político para revisar lo actuado por sus Gobiernos en el marco del SICA.
Formular propuestas concretas y propiciar acuerdos políticos y arreglos institucionales para avanzar en estas áreas mínimas podrían fortalecer la disciplina y compromiso de los países miembros, facilitar la gestión y coordinación al interior del SICA y acercar el quehacer institucional de la integración a las necesidades y realidades de la población centroamericana.