Costa Rica vulnerable

En materia de protección ambiental, la ausencia de buen juicio ha tenido serias implicaciones

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La fórmula entre lo ecológicamente equilibrado y lo económicamente rentable siempre ha tenido grandes obstáculos, desde los más estrafalarios caprichos consumistas hasta la base del sistema productivo mundial: el oro negro. En Costa Rica también estamos sujetos a tales frenos; sin embargo, nuestro gran reto está en identificar el mejor camino para salvaguardar el capital hídrico sin comprometer ni socavar el desarrollo económico y social.

Obviamente este es un tema común en la agenda internacional, por ello el análisis comparativo no solo es bueno, sino necesario. En caso contrario, será difícil salir de ese nefasto círculo vicioso donde las experiencias exitosas se limitan a los titulares en los medios de comunicación e información. Tampoco es que existan recetas aplicables a todos los casos por igual, por lo que de nada sirve calcar normas, políticas, planes, programas, actividades o proyectos sin ajustarlos a cada escenario particular.

Utilizar el lenguaje correcto, así como comprender los alcances de las metodologías e instrumentos, es una necesidad apremiante para superar este gran desafío, especialmente cuando en las instancias judiciales y administrativas se confunde un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el principio precautorio con el preventivo, o las áreas de protección con las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Peor aun cuando se confunden procedimientos de diferente alcance, tal y como sucede en el caso de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Falta de buen juicio. Realmente no son pocas las ocasiones en que la ausencia de buen juicio ha tenido serias implicaciones, algo que no es de extrañar si se considera la preocupante ausencia de conocimientos técnicos y jurídicos especializados. A manera de ejemplo, centremos nuestra atención en la medida cautelar del expediente constitucional 09-0011327-0007-CO, mediante la cual se ordena la aplicación de una serie de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad de los acuíferos y partiendo del método G.O.D. (Foster, 1987, Foster & Hirata, 1991). En este caso no solo es alarmante el uso y alcance que ciertas instituciones han pretendido darle al citado método; sin embargo, más grave aún es que la Sala Constitucional generalice la aplicación de un instrumento realizado años atrás para un caso particular (Poás, Alajuela).

De conformidad con la medida cautelar, la denominada Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico no solo sería aplicable en los casos que existan mapas aprobados o confeccionados por el Senara, sino que, además, “...deberá servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas de uso del suelo, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o disponga de otra cosa”. Por consiguiente, ante la determinación de la vulnerabilidad (extrema, alta, moderada o despreciable), lo procedente –siguiendo la medida cautelar – sería aplicar los criterios de uso del suelo expuestos en la matriz, sea de forma directa o como guía en la planificación urbana y ordenamiento del territorio.

Esta situación es de gran importancia en los casos de extrema vulnerabilidad, ya que en ellos ni siquiera se permite una vivienda unifamiliar. Basta decir que es sorprendente la cantidad de hectáreas que fácilmente podrían ser clasificadas de una vulnerabilidad extrema, tanto así que rápidamente se concluye que sería imposible aplicar la afamada matriz del modo que se pretende. Así pues, el verdadero problema no está en el método G.O.D., sino en los criterios de uso del suelo y los alcances que se le pretenden dar a este particular instrumento.

Según se ha visto con este ejemplo, existe un gran número de decisiones políticas, administrativas y judiciales que han terminado siendo la estocada final de un aparato estatal ya de por sí bastante colapsado. Parece ser que hemos optado por frenar drásticamente el desarrollo social y económico en vez de entroncarlo en el camino hacia la sostenibilidad, una receta que difícilmente agradecerán las generaciones presentes y futuras.