El diputado Fabricio Alvarado solicitó al gobierno firmar un documento denominado Consenso de Ginebra, que, en esencia, rechaza el derecho de las mujeres a un aborto legal y seguro.
El documento fue promovido por Donald Trump y apoyado por 32 países, entre ellos Rusia, Pakistán, Omán, Libia, Irak, Sudán y Bielorrusia, que se caracterizan por ser autocráticos y restringir severamente los derechos de las mujeres.
De las Américas, firmaron Brasil, Guatemala, Paraguay y, recientemente, Colombia. El común denominador entre los firmantes americanos es su vínculo estrecho con grupos fundamentalistas y redes internacionales que promueven la limitación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.
El documento no tiene ningún valor jurídico internacional, y aunque utilice la palabra consenso, en la práctica, los países signatarios son una minoría.
Los proponentes trataron de esquivar el diálogo multilateral que, generalmente, ocurre en el marco de las Naciones Unidas. Es decir, dado el fracaso de sus propuestas en el seno de la ONU, algunos Estados intentan crear un espacio paralelo para promover sus consignas sin fundamento jurídico y científico.
El documento va en contra de numerosos pronunciamientos internacionales de órganos expertos en la temática, como, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS recomendó recientemente eliminar todo obstáculo normativo y práctico para realizar abortos, entre ellos, la penalización.
En sus palabras: “Los datos demuestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. De hecho, es más probable que las restricciones empujen a las mujeres y niñas hacia procedimientos no seguros”.
Diversas cortes en el mundo se han referido a la obligación de los Estados a garantizar y respetar el acceso al aborto. En este sentido cabe destacar las decisiones de Colombia, México, Ecuador, Kenia, Corea del Sur y Tailandia.
Las estadísticas demuestran que en los lugares donde se garantiza plenamente el servicio, como Canadá y el Territorio de la Capital Australiana, se evitan muertes de mujeres y, a largo plazo, la cantidad de abortos anuales disminuyen.
En el caso de Costa Rica, la legislación garantiza el aborto terapéutico cuando la vida y la salud de las mujeres están en riesgo. Firmar el documento sugerido por el diputado Alvarado va en contra de la ley, además de incumplir otros compromisos internacionales que sí son vinculantes.
El aborto es un servicio esencial de salud que solo necesitamos las mujeres y personas gestantes a lo largo de nuestra vida reproductiva. Establecer barreras al derecho y criminalizarlo origina muertes y más violencia, principalmente para aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como las mujeres en pobreza y migrantes.
Costa Rica tiene numerosos desafíos para garantizar plenamente los derechos de las mujeres y personas gestantes. Este tipo de propuestas solo profundizan las brechas y causan estigmatización, discriminación y desigualdad.
m.aguiluz@womenslinkworldwide.org
La autora es abogada y codirectora legal en Women’s Link Worldwide.