Costa Rica: La agenda de competitividad de hoy y mañana

La competitividad y el progreso social de Costa Rica dependen de nosotros mismos

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El día de hoy se lanzó en Ginebra, Suiza, el Informe Global de Competitividad 2017-2018. Este informe, producido con el apoyo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School, hace un análisis del conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía.

Los resultados del Índice Global de Competitividad (IGC) no solo describen el desempeño de una nación, sino que sugieren una hoja de ruta para aumentar la productividad. El nivel de productividad es uno de los determinantes del crecimiento a largo plazo, el retorno a las inversiones, el ingreso de las personas y el bienestar colectivo.

El IGC mide el desempeño competitivo sobre la base de 12 pilares que incluyen instituciones, macroeconomía, educación, salud, funcionamiento de los mercados, adopción de tecnología, sofisticación de los negocios e innovación. Por tercer año consecutivo, Suiza lidera el ranquin global con una calificación de 5,8 (sobre un máximo de 7) seguida de Estados Unidos y Singapur.

Costa Rica se ubica en el puesto 47 de 137 naciones evaluadas, un salto de 7 puestos con respecto al año anterior, lo que además la coloca como la segunda economía más competitiva de América Latina, detrás de Chile y por encima de Panamá, México y Colombia. No obstante, en términos absolutos, el desempeño competitivo muestra un estancamiento, con una calificación mínima de 4,3 y una máxima de 4,5 (sobre un máximo de 7) en los últimos 6 períodos.

Resultados: fortalezas y debilidades. El país continua exhibiendo fortalezas competitivas que determinan su buena ubicación respecto a las demás economías de América Latina. Los indicadores de mejor desempeño tienen que ver con salud, educación, disponibilidad de Internet móvil, atracción de inversiones, transferencia de tecnología, sofisticación de los negocios e innovación.

Estos resultados no deberían sorprender. Por una parte, las buenas calificaciones en educación y salud forman parte de la acumulación de buenas políticas de progreso social desde nuestra independencia. Por otro, los éxitos relacionados con inversión y tecnología responden a cambios estructurales más recientes marcados por dos hitos importantes: la liberalización de la economía, luego de la crisis de la deuda, y la aprobación del TLC con Estados Unidos, que trajo la apertura en telecomunicaciones.

Más allá de los buenos resultados relativos, no debemos caer en la complacencia. Lo que nos alcanza para destacar en el ámbito latinoamericano, nos empieza a quedar corto frente a la competencia internacional. Aquí hacemos énfasis en la calidad y pertinencia del sistema educativo, sobre todo, en cuanto a las habilidades que requieren el mercado actual y futuro.

Dentro de las debilidades, destaca una tendencia que observamos desde hace diez años y que sigue el patrón regional. Esta es el deterioro de las instituciones que definen las reglas del juego y que se sostienen por el imperio de la ley.

Las manifestaciones de este fenómeno se observan en variables que mide el IGC con resultados negativos para Costa Rica: desconfianza en los políticos, desvío de fondos públicos, pagos irregulares y sobornos, ineficiencia del gasto público, ineficiencia del Poder Judicial para resolver disputas y costos asociados al crimen y la violencia. Nuestro “trapito de dominguear” se ha ensuciado.

La infraestructura sigue siendo nuestro dolor de cabeza. La deuda en este campo trasciende los efectos en productividad para tener implicaciones serias sobre la salud (contaminación, accidentes y muertes en carretera), la paz y el bienestar colectivo. Las capacidades del Estado para resolver han sido superadas ampliamente. Mientras tanto, la ideología y la demagogia nos tienen secuestrados, al punto que, complacientemente, se celebró la reparación de un puente del siglo pasado.

Otra área de rendimiento deficiente es el funcionamiento de los mercados. Hacer negocios es costoso en tiempo y dinero. Los nueve procedimientos y los 22,5 días para establecer una empresa nos ubican por debajo del lugar 100 en el mundo junto a naciones de mucho menor desarrollo relativo.

Varios mercados importantes para la seguridad alimentaria y la infraestructura son poco competidos y caracterizados, entre otros, por la prevalencia de barreras al comercio y por la captura de rentas por parte de algunos pocos, todo esto amparado e inducido por políticas estatales.

Aguacate, arroz y cemento son ejemplos conocidos. La magnitud de estas rentas incentivan comportamientos que socavan las instituciones del país, lo cual nuevamente se refleja en la coyuntura actual.

Por eso, no es coincidencia la respuesta de los empresarios cuando les preguntamos cuáles son los principales problemas para hacer negocios. Mayoritariamente, señalan la ineficiencia de la burocracia estatal y la inadecuada oferta de infraestructura.

Agenda a corto plazo. En menos de un año tomará posesión una nueva administración. Los retos, como ha quedado claro, son muchos, importantes y de una complejidad tal que no han podidos ser resueltos hasta ahora. Para empezar, tendrá que afrontar el déficit fiscal (posición 104 en le IGC), el cual se ha exacerbado por el aumento del gasto público de los últimos tres años. Paralelamente, debería enfocarse en la hoja de ruta que se desprende de las debilidades señaladas.

Es evidente que si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados, y que sin un claro mandato será prácticamente imposible. Afortunadamente, el recién firmado Acuerdo Nacional, promovido por el diputado Solís, y firmado por los partidos políticos con representación actual en la Asamblea Legislativa, atienden la mayoría de los retos identificados con medidas claras y específicas, en ámbitos tan diversos como el transporte público, la infraestructura de la CCSS y las alianzas público-privadas a escala municipal.

Así la competitividad y el progreso social de Costa Rica dependen de nosotros mismos. Exijamos, mediante nuestro voto, que los próximos gobernantes cumplan con lo pactado.

El autor es director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School