Celebro que La Nación haya editorializado sobre “El Informe de los cien días”, y me alegra, en particular, el cuestionamiento que hace al enfoque con que abordé el tema de la corrupción y la ineficiencia en el Estado.
Reprocha el editorial que la mayoría de los hechos denunciados en mi discurso “demuestran mala gestión, más que corrupción propiamente dicha”, y arguye que “no es que la mala gestión deje de crear oportunidades para la corrupción, pero no son lo mismo. Identificar la diferencia conduce a plantear la solución adecuada en cada caso”.
En efecto, convencido de que su impacto en el deterioro de los servicios estatales y en la calidad de vida de los costarricenses es el mismo, en forma deliberada quise advertir a la ciudadanía que la ineficiencia estatal y la corrupción deben ser vistas como manifestaciones de un mismo fenómeno: la enorme irresponsabilidad con que, durante muchos años, se han manejado nuestras instituciones públicas.
Desacertada distracción. Si estamos de acuerdo en que ambos vicios comparten esa misma causa y acarrean parecidas consecuencias, no sería acertado seguir distrayéndonos en “identificar diferencias”, como lo pide La Nación. Bastaría con entender, eso sí, que el combate a la corrupción se extiende al derecho penal, mientras que la ineficiencia o mala gestión se puede atacar desde la propia Administración.
Para un enfermo de cáncer a quien se le programa una cita médica a un año plazo, por ejemplo, el debate de si la inoperancia de la Caja es provocada por la corrupción, o por la ineficiencia que aqueja al sistema hospitalario, podría hacerlo morir ya no de cáncer, sino de indignación, si cayéramos en discusiones bizantinas y dejáramos de actuar.
Desde esa perspectiva, el editorial de La Nación me hace sospechar que la ineficiencia estatal podría ser todavía más dañina o peligrosa que la propia corrupción, porque la sociedad parece tener menos “defensas” frente a esa disfunción estatal; la capacidad de reacción es menor.
Indignación y enfado. Frente a los grandes actos de corrupción, los titulares de prensa fácilmente logran indignarnos a todos; la Asamblea Legislativa suele anunciar de inmediato investigaciones especiales, y hasta la Fiscalía acostumbra ordenar algún allanamiento, aunque luego congele o archive el caso.
En cambio, los actos de ineficiencia enfadan a quienes cada día tienen que soportarlos, pero no conmocionan al país, no desatan polémica, ni dejan dividendos publicitarios.
Temo también que los estragos provocados por la ineficiencia estatal, medidos en términos estrictamente económicos, podrían ser todavía más graves que los causados por la corrupción que drena las finanzas públicas.
La competitividad es clave. Digo esto porque en una economía abierta, como la nuestra, la clave de todo se llama “competitividad”. Es decir, el país saldrá adelante en el tanto sus empresas puedan enfrentar con éxito la competencia extranjera, y este reto exige, ineludiblemente, contar con un Estado eficiente.
Si lo dejamos abandonado a su suerte, el productor nacional morirá en esa batalla y el país se hundirá en la ruina. Esto lo ha advertido La Nación muchas veces y el nuevo Gobierno lo comparte.
Reconozco con ello que corrupción e ineficiencia no son lo mismo, pero insisto en que tienen un mismo origen, y que igual afectan al usuario de los servicios públicos que frenan la producción nacional.
Esto obliga, en uno y otro caso, a combatir sus causas estructurales, que no son otras que el ejercicio irresponsable del poder y la violación casi sistemática al marco legal que regula el funcionamiento del Estado.
Anuncios puntuales. Por ello, no deja de sorprenderme, también, que el editorialista de La Nación, siempre tan agudo y riguroso en sus análisis, haya obviado el compromiso de mi administración de restablecer un verdadero Estado social de derecho y haya subestimado los anuncios puntuales que formulé en materia de transparencia y rendición de cuentas, para reprocharme, en su lugar, que fui “parco en la propuesta de medidas concretas para incrementar la eficiencia y la buena administración”.
Dije en mi informe del pasado jueves, y lo recalco ahora, que el país necesita de nuevos consensos sociales para forzar nuevos acuerdos políticos, por medio de un diálogo amplio, abierto y transparente con todos los actores de la vida nacional.
La discusión sobre similitudes y diferencias, causas y consecuencias, de la corrupción y de la ineficiencia estatal favorece la búsqueda de esos nuevos consensos.
Consenso y unanimidad. Por eso doy la bienvenida a este debate, sin dejar de advertir que, en su momento, quizá debamos discutir hasta lo que debe entenderse por “consenso”, y, en tal dirección, adelanto que el único consenso posible es el que se da cuando, aceptando que pensamos diferente, nos ponemos de acuerdo en lo que debemos hacer para solucionar los problemas del país.
En concreto, consenso nunca debe confundirse con unanimidad de criterios y, por tanto, celebro que sobre corrupción y mala gestión administrativa también haya discrepancia de opiniones, si esto no impide que coincidamos en las acciones que habremos de emprender juntos, sociedad y Gobierno, para combatir esos graves extravíos del Estado costarricense.