Quisiera expresar algunas preocupaciones de fondo que no fueron incluidas por este diario en las notas publicadas sobre la metodología para establecer el modelo tarifario del servicio de transporte público.
Nuestro país optó por concentrar la regulación de tarifas de los servicios públicos en una sola institución. La Asamblea Legislativa debatió durante dos legislaturas lo que finalmente quedó plasmado en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), número 7593.
La búsqueda del equilibrio en precios y tarifas para operadores y consumidores era la idea central del texto de la ley.
Por un lado, se establecía que las instituciones rectoras de los servicios públicos emitieran las políticas sectoriales en energía (combustibles y electricidad), transporte público, agua y en los otros servicios públicos prestados por el Estado o delegados en empresas privadas.
Por otro, se propiciaba que los operadores tuvieran las condiciones para brindar un óptimo servicio con tarifas que permitieran el equilibrio de sus ecuaciones financieras, y garantizar tarifas justas a los consumidores.
Tarifas en otras manos. De unos años para acá, muchas cosas han cambiado en la Aresep. Las reformas efectuadas en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones permitieron una serie de transformaciones internas.
La resolución de tarifas de los servicios públicos, como acto final administrativo, pasó de manos del regulador general a tres intendentes: el de Energía, el de Transporte y el de Agua, quienes son en realidad los nuevos reguladores de precios y tarifas en el país.
El regulador quedó con algunas labores administrativas y presidiendo la Junta Directiva, como órgano de alzada contra los actos emitidos por los intendentes.
Se creó un departamento llamado Centro para el Desarrollo de la Regulación (CDR), encargado de elaborar las metodologías tarifarias en todos los servicios regulados. Con el visto bueno de la Junta Directiva, estas metodologías se llevan a audiencia pública y se aprueban, con una notoria ausencia de los entes rectores del Gobierno.
Así, es en ese desconocido CDR en donde se establece lo que va a ocurrir con los precios de los servicios públicos: combustibles, electricidad, transporte público, agua y demás servicios regulados.
Indefensión. Los consumidores, liderados en muchas ocasiones por la Defensoría de los Habitantes, se han topado con que se someten a audiencia pública metodologías tarifarias y conceptos, pero no los modelos de cálculo, ni mucho menos los resultados que generan los cambios propuestos. De esa manera, la participación ciudadana se convierte en un mero formalismo.
Pese al vehemente llamado de la defensora de los habitantes, de organizaciones de consumidores, de operadores del transporte y de especialistas en la materia; en cinco oportunidades la Aresep sacó a audiencia pública la nueva metodología, pero nunca dio a conocer el modelo con sus fórmulas, ni los efectos de los cambios propuestos.
La calidad del resultado de un modelo tarifario depende de la información que lo alimenta: si se le inyectan datos ciertos, el resultado será confiable; pero si se le introducen ocurrencias, los resultados serán ocurrentes.
Eso pasó en la Intendencia de Transportes en los últimos años. El mismo anterior regulador, Dennis Meléndez, en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, en junio del 2015, declaró: “Está claro que en la mayoría de estos casos en que se han dado esos aumentos, bueno, son aumentos irracionales, pero lógicamente nosotros no hemos podido hacer otra cosa que aceptar” (acta 9, p. 21).
Desproporción. La indefensión ha sido total para los usuarios, sobre todo en el ámbito rural. Recordamos los casos de Tobosi, con aumentos ordinarios y extraordinarios que llegaron al 90%; de El Roble de Puntarenas, un 78%; y Linda Vista de San Carlos, con un 310%, entre muchos otros.
Concordamos con la defensora de los habitantes en que no podemos permitir que los ciudadanos acudan a las audiencias públicas a discutir sobre tarifas sin contar con el instrumental que les permita conocer los resultados de los cambios propuestos.
En la definición de precios y en la materia que afecta directamente a los ciudadanos, nos mantendremos vigilantes.
El autor es diputado del Frente Amplio.