Es hora de hablar en serio. Lo que se hizo en campaña fue más para suscitar emociones que para ofrecer contenidos. Corresponde ahora con mucha ciencia aconsejar al nuevo presidente para que gobierne con la máxima eficacia.
Una admonición: no será un economista quien saque adelante a este enredado país, sino un estadista. Si quiere la máxima fuente de inspiración para usted y sus ministros, sumérjase en la Constitución Política y descubra los conceptos fundacionales de nuestra nación, que harán surgir al estadista.
Hay un modelo integral de país de primer mundo al que debimos haber llegado si partidos, gobernantes y legisladores —¿y por qué no la Contraloría y la Defensoría?— hubieran reconocido en esos conceptos superiores la partitura y protocolos de derechos y competencias para el excelente gobierno, incluida una clara dirección sobre los entes autónomos por sectores. Segundo, y para bajar a tierra la Constitución a partir de su visionario e inclusivo artículo 50, estudien la Ley 5525, de planificación nacional, promulgada en 1974.
Si solo el presidente reconoce esa ley, encontrará la fuente de conducción planificada para hacer que la Administración Pública funcione de manera articulada en apoyo a su liderazgo superior.
Por supuesto, exige reconocer que el Mideplán debe ser el ministerio estratégico por excelencia. Si como presidente logra que funcione con visión, vocación y disciplina organizativa y tecnocrática, como hace unas pocas décadas, verá el sistema institucional, hoy trabado e inconexo, operando ágilmente por sectores, así como en su crucial proyección regional.
Si además reconoce la necesaria participación de la sociedad civil multitudinaria pero ordenada, también ya probada, articulando a presidentes ejecutivos y grupos de interés según cada actividad en San José y en toda región a través de consejos regionales de desarrollo, enriquecerá los procesos de gobierno y concertación sobre la marcha, sin esperar que surjan conflictos que paralicen el país, y, de paso, estimulará un más realista y crucial apoyo popular a su gestión presidencial.
Si lee y asimila los artículos 26.b, 27.1, 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, teniendo claro el marco sectorial y regional de la Ley 5525, descubrirá que el Ejecutivo es capaz de movilizar la actividad ordenada y agregatoria de las autónomas en cada sector y en su visión territorial. Esto, junto con la potestad de destituir a las juntas directivas que incumplan injustificadamente las directrices, es parte orgánica del marco constitucional y legal.
Pero también debe saber que para que toda política gubernativa sea operativamente eficaz debe exigir a sus ministros para que estos exijan, a su vez, a los tecnócratas que lleven bien leídas las leyes orgánicas, y, según el ámbito, la Ley Orgánica del Ambiente, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, la Ley General de Salud, la Ley Fundamental de Educación, la Ley Fodea y todas las partituras de alcance que marcan el intrínseco vínculo entre derechos en la Constitución y el indispensable desempeño de las instituciones a cargo de ellos.
Partir de cero crea grandes ineficacias en los procesos rutinarios de diseñar políticas gubernativas por burócratas que se inspiran más en autores o fuentes foráneas que en la Constitución y las leyes. Hacerlo como le sugiero, aminorará la corrupción galopante y el botín del que los partidos han buscado usufructuar en detrimento del pueblo.
Pero ojo a vicios recurrentes ilegítimos, ineficaces y susceptibles de recursos ante la Sala IV. Cuídese de nombrar presidentes ejecutivos con rango de ministros sin cartera, pues es absurdo, ya que son subordinados de sus juntas directivas y no pueden actuar sin causar conflictos para ordenarlas.
Asimismo, decídase de una buena vez a aceptar que el ministro de Trabajo, por Constitución, no es un presidente ejecutivo u otro ministro; es el legítimo rector en materia de pobreza y seguridad social.
Piense que nombrar ministros sin cartera a líderes regionales en Guanacaste, Puntarenas y Limón, aparte de los deseables consejos regionales de desarrollo, daría mucho mayor impulso a su promesa de combatir la pobreza en esas provincias por medio de una voz directa suya con el liderazgo movilizador necesario.
Piense, en suma, en el fenómeno publicista costarricense, no en otro. Busque con seriedad académica y encontrará las soluciones integrales para empezar a resolver los problemas sin esperar, inmóvil, otros cambios legales o institucionales que tardarán mucho en llegar.
Simplemente, tome en serio el juramento constitucional. No es preciso copiar las mejores prácticas de la OCDE, sino aplicar las que nuestro régimen social de derecho ya define. Repito: no será como economista que sacará al país adelante, sino liderando como estadista.
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El autor es catedrático jubilado de la UCR.