Recientemente, el Foro Económico Mundial publicó el Índice Global de Competitividad 2010-2011 (IGC), en el cual Costa Rica pierde el primer lugar en el Istmo, ubicándose en el puesto 56, tres lugares por debajo de Panamá (53), según el ranking de 139 países. Si bien Costa Rica mantiene aún una ventaja sobre Panamá en 8 de los 12 pilares que conforman el IGC y continúa destacando en factores como independencia judicial (26 versus 125 de Panamá), calidad del sistema educativo (22 versus 128 de Panamá) y calidad de las instituciones científicas de investigación (31 versus 66 de Panamá); es evidente que nuestra gran carencia sigue siendo la infraestructura de transporte.
En este apartado, Costa Rica ocupa las últimas posiciones en el ámbito mundial en cuanto a calidad de las carreteras (111 versus 59 de Panamá), ferrocarriles (100 versus 68 de Panamá) y puertos (132 versus 11 de Panamá).
Inversión en el PIB. Costa Rica debe invertir al menos $10.000 millones (27% del PIB). Para acabar con este rezago, el Banco Interamericano de Desarrollo (Exposición Academia de Centroamérica, 26 de marzo, 2010) estima que el país debe invertir al menos $10.000 millones de dólares, aproximadamente un 27% del PIB.
Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto anual del Conavi es de $250 millones de dólares –incluyendo los recursos del impuesto a los combustibles– lo que significa que el país debe invertir en el plazo inmediato el equivalente al presupuesto del Conavi de unos 40 años. Asimismo, la red vial ya existente requiere una cantidad importante de recursos para su mantenimiento; sobre todo considerando que es la más extensa y densa (por km²) de todo el Istmo. De este modo, con un presupuesto sumamente reducido y la necesidad de canalizar recursos a otras áreas estratégicas (educación, salud, seguridad, vivienda, etc.), ¿qué opciones tiene el país?
La inversión privada. El Foro Económico Mundial (agosto 2010) en un reciente informe denominado “Pavimentando el camino: Maximizando el valor del financiamiento privado en infraestructura”, estima que los gobiernos del mundo deberán ejecutar en los próximos años inversiones anuales cercanas a un 5% del PIB, monto que en el caso de países en vías de desarrollo, como Costa Rica, podría alcanzar un 20% del PIB.
Ante esta disyuntiva, el país debe valorar dos vías: a) incrementar significativamente el nivel de impuestos y reasignar de manera radical recursos que hoy se dirigen a educación, seguridad, vivienda, etc.; o bien, b) apostar decididamente por una participación activa del sector privado en las áreas del sector de infraestructura.
Es aquí donde las alianzas público-privadas (APP) y específicamente la figura de concesión de obra pública se convierten en una herramienta fundamental para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura como la vía San José-San Ramón, la ampliación del Aeropuerto Daniel Oduber, la Terminal de Contenedores de Moín, la vía a Cartago y su conexión con la circunvalación, el tren eléctrico metropolitano y la carretera a Limón, entre otros. En este sentido, el mismo Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (mayo 2010, “Proyecto pensar en Costa Rica 2025”), posiciona las APP dentro de la planificación estratégica que debe seguir el país en materia de infraestructura pública. Es claro que, si las obras fuesen construidas exclusivamente por el Estado, todos los ciudadanos independientemente de si son usuarios o no de la infraestructura, deberán hacer frente a un incremento significativo en el servicio de la deuda nacional mediante mayores impuestos.
Por otra parte, si se decide dejar de lado la figura de concesión, el Estado vería reducida considerablemente su capacidad financiera para llevar a cabo las obras que no son viables para inversionistas privados.
En este caso, para poder ampliar la vía entre San José y San Ramón, el Estado se vería obligado a desviar recursos que podrían haberse utilizado en la construcción de la nueva carretera a San Carlos o bien en la ampliación de la Interamericana Norte, por solo citar un ejemplo.
Fortalecer el CNC. En los últimos días algunos sectores han expresado preocupación por problemas evidentes en la nueva carretera San José-Caldera. Para lograr subsanar estos problemas el país requiere de un análisis objetivo y técnico que permitan fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), dotándolo de los recursos económicos y humanos necesarios para procurar un desarrollo de las obras por concesión más ágil y dinámico bajo las más estrictas normas de calidad.
La solución no es acabar con la figura de concesión de obra pública o esperar hasta el momento en que un proyecto esté por iniciar para lanzar críticas infundadas. El costo económico y social del rezago en infraestructura es cada vez mayor. Costa Rica no puede esperar más, el país merece gozar de un sistema de transporte de primer nivel.