Ante la necesidad que tiene el país de contar con una red vial local adecuada, el Congreso decidió aumentar la deuda pública para financiar la transferencia de recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hacia las municipalidades para que lleven a cabo la tarea.
Esto nos demanda atención porque no hay garantía de que puedan hacer bien el trabajo.
Las municipalidades son entes bicéfalos, conformados por un alcalde elegido directamente por el pueblo y por un concejo municipal conformado por regidores que provienen de listas elaboradas por los partidos políticos. Esto implica luchas de poder internas.
El alcalde tiene a su cargo la presentación del presupuesto y su ejecución. El concejo tiene a su cargo la aprobación del presupuesto y, adicionalmente, interviene en la ejecución presupuestaria al otorgar la orden de inicio para toda licitación pública o directa concursada, al aprobar o improbar la oferta escogida por la administración, al decidir sobre las apelaciones que las empresas presenten, al otorgar o no patentes, al permitir o no las urbanizaciones y obras mayores, al resolver todas las apelaciones originadas por las decisiones administrativas del alcalde y al decidir sobre las apelaciones de los funcionarios sancionados por este.
Problemas estructurales.
Con la transferencia de recursos que recibirán las municipalidades, será el concejo quien decidirá sobre las calles que se repararán y construirán, y el alcalde las reparará y construirá. Pero me permito enumerar las dificultades que veremos:
1.- El concejo discutirá hasta la saciedad (y con sesgo político) cuáles calles, donde y cuándo, y podrá atrasar la ejecución.
2.- La mayoría de los municipios carecen de ingenieros civiles y de maquinaria, por lo que el alcalde procederá a licitar las obras cuando el concejo dé la orden de inicio (que puede ser atrasada según conveniencia partidaria).
3.- La mayoría de las municipalidades no cuenta con una proveeduría moderna que sepa hacer licitaciones públicas o directas concursadas, ni compras en red. Esto causará un diluvio de apelaciones que irán al concejo nuevamente para su resolución definitiva.
4.- Si el alcalde no tiene afinidad con el concejo, su presidente o sus regidores pueden atrasar el inicio de la obra previamente aprobada, o puede atrasar durante meses la adjudicación o la resolución de una apelación.
5.- El alcalde no siempre cuenta con funcionarios idóneos porque, más a menudo de lo que se sabe, la administración está integrada por clientes políticos nombrados anteriormente y protegidos por los miembros del concejo del partido político afín al funcionario, lo que dificulta la gestión administrativa.
6.- El funcionario que incurre en una falta y es sancionado, generalmente recurre a la Sala IV, quien lo reinstala en su cargo hasta que dos años después resuelve el caso.
Finalmente, el alcalde no puede cambiar el “establishment” administrativo, porque debe solicitar cualquier reforma al Servicio Civil, quien se tomará cinco años en resolver, si lo hace.
En este contexto, los alcaldes que logran armonía con sus concejos harán las calles, y esperamos que lo harán legal y transparentemente. Cuando no haya tal afinidad, el concejo amarrará las manos al alcalde y no le permitirá ejecutar.
Desde luego, todo esto se resolvería si los partidos políticos nacionales no participaran en las elecciones municipales y el pueblo escogiera libremente su gobierno local. Pero también se podría evitar con algunos cambios menores en el Código Municipal, que le dieran mayor autonomía administrativa al alcalde y limitaran la función del concejo a la aprobación presupuestaria y a una vigilancia eficiente del cumplimiento administrativo, con el respaldo que nos deben de dar los Tribunales de Justicia, ante cualquier irregularidad.
Lo positivo de este complejo asunto es que el traslado de recursos a las municipalidades para la construcción de vía locales pondrá de manifiesto los problemas estructurales del régimen municipal, y esto constituirá un enorme paso hacia la resolución futura.
La autora es filósofa.