Más allá de un tema de ángeles y demonios, la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tiene que ver con la comprensión correcta de su naturaleza.
Este régimen de Pensiones, que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde 1947, opera bajo un sistema de beneficios, los cuales se establecen reglamentariamente y se otorgan una vez cumplidos los requisitos establecidos.
Se inspiró en los seguros sociales creados en Alemania, a finales del siglo XIX, y su fórmula de financiamiento se caracteriza porque las generaciones activas laboralmente sostienen a las pasivas, mediante una transferencia de recursos intra e intergeneracional.
Sus principios solidarios permiten que los riesgos de invalidez, muerte y el advenimiento de la vejez se enfrenten de manera colectiva y no individuamente, dando así una equitativa protección a los grupos más vulnerables de la sociedad a fin de impactar en la paz social de Costa Rica.
Con ese objetivo, el IVM se ha administrado con criterios actuariales, los cuales han permitido que los jubilados reciban oportunamente la pensión, por casi 70 años, derecho que han consolidado, tras su historial laboral.
Es preciso aclarar que la salud financiera de este régimen de pensiones, se halla estrechamente ligada a su capacidad para adaptarse a los cambios económicos, sociales, demográficos y epidemiológicos que experimenta el país.
Los retos. Unas de las variables más relevantes que ha repercutido en este régimen son, entre otras, la transformación del mercado laboral, la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y el cambio en los patrones de fecundidad.
Esta situación demográfica hace ver que en el futuro el ritmo de crecimiento de la entrada de nuevos cotizantes al sistema es cada vez menor y se sabe que los afiliados que ingresan al régimen deben enfrentar el reto de sostener a un mayor número de personas pensionadas, quienes vivirán, posiblemente, más tiempo en vista del aumento en la esperanza de vida, cuyo promedio es de 79 años.
Esta situación nos recuerda, constantemente, la necesidad de ejecutar los ajustes a los parámetros y condiciones de retiro adaptándolos a esa nueva realidad para que el sistema mantenga su sostenibilidad en el tiempo.
Por este motivo, la institución le ha hecho cambios al IVM en forma progresiva. Por ejemplo, en 1991 se aumentaron las edades mínimas de retiro de manera que la pensión de las mujeres pasó de 55 a 60 años y la de los hombres, de 57 a 62.
En el 2000 se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, donde se estableció un modelo multipilar que ubicó el IVM como un sistema básico y obligatorio para todos los trabajadores asalariados e independientes, junto con otros sistemas como los del Magisterio y el Poder Judicial.
Se crearon dos pilares adicionales: uno obligatorio y otro voluntario, los cuales complementan la pensión que se otorga en el sistema básico. Estos planes son de naturaleza individual, es decir, lo que se recibe depende enteramente del ahorro de cada trabajador más los rendimientos obtenidos en el tiempo.
En el 2005, producto de un amplio diálogo social, se produjo una de las reformas más importantes al IVM que implicó la aprobación de un aumento gradual de la cotización, el incremento en el número de cotizaciones a los 65 años y se variaron los años requeridos para calcular el monto de las pensiones, el cual se modificó de 60 a los últimos 240 salarios mensuales actualizados por inflación.
Paralelamente, se pusieron en marcha mejoras en la administración del régimen que implicó un incremento en la cobertura, la cual pasó del 45% en el 2005 a 63% en el 2015, una de las más altas de América Latina. También se incrementaron los controles para el otorgamiento de las pensiones por invalidez, se maximizaron los rendimientos de la cartera de inversiones y se redujeron los costos de administración, los cuales rondan el 3%.
Ajustes recientes. Pero los ajustes no quedaron allí. En el 2015, con base en los estudios actuariales periódicos hechos por la institución, se tomaron medidas, como la eliminación gradual de las pensiones anticipadas con reducción, mayor participación del Estado en el financiamiento de la pensiones mínimas y una mayor vigorosidad en la política de inversiones que incluye la posibilidad en obra pública y análisis de opciones en el exterior.
La solución no está en transformar el sistema de pensiones en un régimen de capitalización individual como algunos sectores lo planean, pues también dichos esquemas deben enfrentar los riesgos originados por las bajas tasas de cotización tras la informalidad de los mercados de trabajo, el aumento de la expectativa de vida y los factores económicos que pueden impactar negativamente en el valor de los activos financieros, en los rendimientos y, por ende, en las pensiones, lo cual deriva, además, en importantes costos sociales. Este impacto se ha observado en regímenes con estas características en países del cono sur.
La clave está en un monitoreo constante para ir proponiendo los ajustes correspondientes, por ello los esfuerzos conjuntos con la Superintendencia de Pensiones (Supén) orientados a la concreción del estudio a largo plazo del IVM, en vista del objetivo de ambas entidades: un IVM sólido y financieramente estable.
Las acciones demuestran que la CCSS no ha bajado la guardia ni la bajará, pues la verdadera defensa del IVM requiere ir dejando atrás las dudas entre lo sacro y lo pagano para que, basados en la evidencia técnica y en un diálogo social, se propongan las acciones necesarias para fortalecer y sostener esta invaluable conquista social.
El autor es gerente de Pensiones de la CCSS.