Han pasado casi 18 años desde que nació la Defensoría de los Habitantes y, pese a ello, parece que aún es necesario reforzar la información sobre el mandato de la ley bajo la que nació (N. 7319) y cuál es el trabajo en la defensa de los derechos de las/os habitantes. Comprensible en ciertos niveles de la sociedad; inaceptable en la esfera de la prensa y la investigación responsable que siempre debe existir antes de aventurar cualquier criterio. Eso también corre por cuenta de la prudencia. Bien decía el gran historiador griego, Plutarco, que para saber hablar, es preciso saber escuchar.
Es posible que, pese a tantos años de escuchar la voz de la Defensoría –que es la de nuestros habitantes, a través de sus denuncias– aún deberíamos aclarar cuál es nuestro trabajo. Con gusto lo hacemos de nuevo, porque educar en derechos humanos también es nuestro deber. Entonces –rescatando el voto N. 7730-2008, de la Sala Constitucional, entre otros– le corresponde a la Defensoría: “(') supervisar el correcto funcionamiento de la Administración, para contribuir a asegurar su apego al principio de legalidad, así como proteger los derechos e intereses de los habitantes (') que la Defensoría puede acudir a la vía de la acción de inconstitucionalidad, del amparo, de hábeas corpus y demás acciones que sean necesarias para realizar sus cometidos'”.
Además, la Defensoría es una institución activa, que ejerce la Magistratura de Influencia y eso significa la autoridad moral para influir y persuadir a las instancias públicas en el ejercicio del poder y que en su desempeño se circunscriba al cumplimiento del marco normativo existente.
En suma, para saber qué hacemos basta con leer un poco más, informarse con responsabilidad, aguzar el oído y ojalá, esforzarse por apostar a la objetividad. Tan solo hay que recurrir a leer con cuidado nuestra ley y echar mano de la abundante jurisprudencia que ha brindado la Sala Constitucional. Así –sin pérdidas ni equívocos y sin ciencia oculta ni aguas tibias por descubrir– es fácil saber qué es lo que podemos hacer. Veamos dos casos.
Primero. El artículo 7 del Reglamento de nuestra ley, en su inciso b), dice que es atribución de la Defensoría de los Habitantes “estudiar los proyectos de ley para determinar si lesionan los derechos e intereses de los habitantes”. Y se ubica el tema de la reforma fiscal y, a solicitud de los señores Diputados, les hicimos llegar oportunamente nuestro informe sobre ese proyecto de ley. Se trata de salud, alimentos, educación y otros temas que afectan a las personas, ¡claro que debemos pronunciarnos! Ese es nuestro trabajo.
Segundo .Sobre el caso de la vía a Caldera, el artículo 14 (inciso 2) de la ley N.7319 dice que “si en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría de los Habitantes (') considera que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público”. Al respecto, desde hace más de dos años en la Defensoría se viene recabando insumos técnicos y pruebas de los hechos y conforme a nuestro mandato legal, lo pusimos en de la Fiscalía, para que ellos ejerzan la acción penal si así corresponde. No hemos sustituido –ni pretendemos hacerlo– la labor propia de la Fiscalía. Ese también es nuestro trabajo.
Entonces, tratamos con personas de carne y hueso, a quienes afectan siempre los grandes asuntos y por eso la ley nos faculta para intervenir. De eso depende exclusivamente “nuestro éxito”; de los resultados que podamos ofrecerles luego de nuestra intervención ante las instancias públicas.
Ciertamente, se trata de defender derechos, tanto como el de la libertad de expresión, que es un pilar del trabajo periodístico y así lo entendemos, pero también debe quedar muy claro que el pilar del nuestro, es defender a las personas, con total independencia de criterio y a eso no vamos a renunciar jamás.
Pretender que lo hagamos es muy temerario; querer limitar nuestra voz, es bastante peligroso y aspirar a decidir nuestro campo de acción ignorando la ley, es aún más grave.
Sin embargo, escuchamos la crítica, pues como decía el filósofo chino, Lao Tsé, toda acción provoca reacciones.
Pero valga recordar, por si todavía no se ha entendido, que la única agenda de trabajo que acepta la Defensoría de los Habitantes es la de las necesidades y derechos de las/os habitantes.