Debemos negociar las condiciones en que la calidad de la educación ha de producirse, sin dejar de lado la necesidad de un Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) distinto, que piense en el bienestar del país y produzca un cambio en sus metas.
El Conesup actual debe procurar el desarrollo cualitativo de las universidades y estar interesado en garantizar la calidad, no en convertir el control en un fin en sí mismo.
Aunque los representantes de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas (Unire) creemos que el problema del Conesup no es de ley, pues incluso con la vigente la institución puede contribuir al desarrollo del sector, compartimos la preocupación de la actual administración de entrar primero por el marco regulatorio a encontrar las soluciones.
Es necesario que el Conesup cuente con estándares de referencia y las universidades tengan las reglas claras, que sepan con antelación qué se les va a pedir sin que cada analista imponga su propio elenco de requisitos, algunos al margen de la ley.
Se requiere el cumplimiento de plazos y tiempos que no dejen a los centros educativos en estado de indefensión, desorientación e incertidumbre.
Es necesario que los plazos establecidos en la ley y los reglamentos se cumplan, que deje de existir la mora administrativa, porque nada se resuelve proponiendo nuevos plazos, sino decretando el silencio positivo, conforme lo indica la Ley 8.220.
Las tarifas. Hay que tener en cuenta que la fuente de los ingresos de las universidades privadas la constituyen las matrículas y otros costos que sufragan los estudiantes.
En este contexto, debe quedar claro que las tarifas están reguladas por la ley mediante el mismo Conesup. Por ello, lo que se requiere es un ente que cumpla en tiempo, que esté en capacidad de brindar atención a los requerimientos del sector y que establezca reglas claras.
Una mayor exigencia de la calidad de la educación debe tener en cuenta, también, el costo de dicha calidad. Las tarifas fijadas por el Conesup son un techo, no un piso, por lo que la competencia se centra en los precios. De ahí que el país debe cambiar la apuesta: o las universidades compiten por calidad o lo hacen por tarifas. La oportunidad está servida.
Creemos que el proyecto de ley de la ministra abre espacio a la discusión, en el Conesup y en las universidades, pero es imperativo que el objetivo concuerde: buscar calidad y competitividad.
Albán Bonilla Sandí es director ejecutivo de la Unidad de Rectores de Universidades PrivadasUnire (Unire).