En el más reciente estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, el 60% de los encuestados manifiestan que la situación económica es “mala” o “muy mala”.
No es coincidencia que el 24,6% de la muestra crea que el principal problema del país es el desempleo, seguido de la mala gestión del gobierno (18,4%).
La persistencia del desempleo en alrededor de un 10% es producto, en gran medida, de la pobre gestión gubernamental.
La actividad económica se viene desacelerando desde hace 13 meses, y no se vislumbra ninguna medida tendiente a reactivarla. Resulta incomprensible que el Gobierno haya desaprovechado un entorno internacional favorable –bajas tasas de interés, bajos costos del petróleo y otras materias primas y nuestro principal socio comercial en franca recuperación– y haya omitido promulgar medidas que dinamicen la economía.
Primer acto: Crudo invierno en el clima de negocios. El reporte Haciendo Negocios 2015 , del Banco Mundial, ha de ser el ranquin de países menos comentado en Costa Rica. Es lógico.
A los ticos que vivimos enfrascados en una eterna contemplación del ombligo nos desagrada todo aquello que contradiga la falsa ilusión de que vivimos en el país más feliz del mundo.
El informe analiza las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial. Haciendo Negocios 2015 nos presenta un panorama desolador: en Costa Rica se obstaculiza el emprendimiento.
De un total de 189 países evaluados, Costa Rica se ubica en el puesto 118 en la facilidad para iniciar un negocio (Chile en el 59, Noruega en el 22) y en el 129 en cumplimiento de contratos (Chile 64 y Noruega 8).
Los mercados de capital en Costa Rica son muy reducidos y décadas de esfuerzos no han conseguido masificarlos, negando a las empresas una de las principales fuentes de financiamiento con las que cuentan sus pares en otros países.
El informe revela por qué: Costa Rica se ubica en el puesto 181 en protección a los inversionistas minoritarios (Chile 56, Noruega 12). Países como Siria, Honduras y Eritrea – el peor lugar del mundo para hacer negocios según la clasificación del Banco Mundial– están mejor en este aspecto.
Lo más revelador del documento es que el costo para iniciar un negocio, en nuestro país, representa el 11,5% del ingreso per cápita; es decir, lo que gana el tico promedio en 42 días.
En Panamá, este costo es poco más de la mitad que aquí (6,4% del ingreso per cápita), en Estados Unidos es una décima parte (1,2%), en Chile es el 0,7% y en Noruega el 0,9%.
No debería ser sorpresa, entonces, que tantas personas escojan desarrollar el comercio en la informalidad. En Costa Rica, el 44% de quienes tienen empleo trabajan en el sector informal.
Segundo acto: Voracidad fiscal. El gobierno que empezó diciendo que el problema del déficit no era urgente, que pondría orden en el gasto antes de pedir nuevos impuestos, que incrementó el FEES en un 14% –casi triplicando la inflación del 2014– y se recetó para el 2015 un presupuesto un 19% mayor (seis veces la inflación probable), ahora dice que es imperativo subir los impuestos y que no es urgente recortar el gasto porque los efectos no se verían antes de 18 años. Lo cual, en todo caso, es falso.
Pero veamos lo que nos revela el informe Haciendo Negocios 2015 en materia tributaria.
Costa Rica ocupa el puesto 121 entre 189 países en facilidad para pagar los impuestos. Chile está en el 29 y Noruega, en el 15.
Cada año, una empresa mediana debe hacer en nuestro país, en promedio, 23 pagos de impuestos; 7 en Chile y 4 en Noruega.
Las intenciones de incrementar los impuestos y cobrar mejor los existentes chocan con una realidad indiscutible: en vez de facilitar al contribuyente la desagradable tarea de pagar sus impuestos, el Gobierno le pone toda suerte de obstáculos.
Podríamos decir que el principal promotor de la evasión fiscal es el propio Estado.
Una pregunta que debemos hacernos es cuánto más aguantará el sector privado con una carga fiscal creciente y excesiva.
Los amigos de subir los impuestos se respaldan en un dato que, así presentado, suena atroz: la recaudación fiscal en Costa Rica ronda el 13% del PIB, lo cual es bajísimo por donde se mire. Pero este dato está diseñado para confundir.
En otras naciones, la seguridad social es financiada con impuestos. Por lo tanto, cuando organismos tan serios como la OCDE analizan el caso de Costa Rica, suman las cuotas del seguro social y encuentran que la carga impositiva fue del 22% del PIB en el 2013, levemente por encima del promedio latinoamericano.
Peor aún, según el informe Haciendo Negocios 2015, una empresa mediana aquí destina el 58% de sus utilidades a pagar impuestos. Su par en Chile paga el 27,9%, en Estados Unidos el 43,8% y en Noruega el 40,7%.
Agreguemos a lo anterior que en Costa Rica los “grandes contribuyentes” son apenas 466 empresas, y que ellas aportan el 67% de la recaudación total, según datos del propio Ministerio de Hacienda.
Ciertamente, la evasión es un problema serio, pero no son precisamente las empresas más grandes quienes lo causan.
¿Qué propone el Gobierno? Impuesto a los moteles. Duplicar el impuesto al ruedo. Aumentar el arancel al arroz. Crear nuevas categorías del impuesto a los salarios. Duplicar los impuestos de traspaso de automóviles y bienes inmuebles. Aumentar peajes para financiar el tren. Transformar el impuesto de ventas en IVA, ampliar su base e incrementar la tasa al 15%.
Y para maquillar la torta, un engorrosísimo subsidio de ¢44.000 al mes para el 40% más pobre de las familias.
Esto nos remite, inevitablemente, a la descripción de Ronald Reagan de la visión estatal de la economía: “Si se mueve, grávelo. Si sigue moviéndose, regúlelo. Y si deja de moverse, subsídielo”.
La presión que mete el Gobierno en los mercados locales para financiar sus gastos impide que las tasas de interés bajen más, a pesar de la casi nula inflación que estamos experimentando.
Las tasas reales son muy altas y promueven el ingreso de capitales especulativos, lo cual contribuye a mantener el tipo de cambio bajo, lo cual resta competitividad a los sectores exportador y turístico.
Todas las semanas nos enteramos de más empresas que están cerrando operaciones o trasladándolas a otros países.
Lo que no han entendido nuestras autoridades económicas es que proponer un aumento generalizado de impuestos cuando la economía se encuentra deprimida es contraproducente. Provoca incertidumbre y desincentiva la inversión justo cuando lo que se necesita es mayor crecimiento para generar empleo. Ese mayor dinamismo también resultaría en mayor recaudación de impuestos.
Lo anterior nos trae de regreso la relación entre desempleo y déficit. La única forma de incrementar la recaudación sin deprimir la economía y sin recurrir a los impuestos regresivos al consumo sería inducir a las empresas informales a registrarse.
Sin embargo, el clima de negocios, lejos de favorecer el emprendimiento, más bien fomenta la informalidad. Y por ninguna parte vemos políticas para mejorarlo.
A todo esto, la única propuesta para disminuir el desempleo que ha emanado de Zapote es incrementar la cantidad de diputados.
El Ministro de Hacienda, por su parte, dice que no entiende por qué el sector privado no se reactiva si la inflación está tan baja y gozamos de una relativa estabilidad.
Definitivamente, no estamos en nada.
Eli Feinzaig es economista.