El Banco Mundial alertó hace un par de semanas de que si en los países de ingresos bajos y medianos las clases presenciales no se reanudan en el próximo curso lectivo la proporción de niños y niñas en pobreza aumentará de un 53%, antes de la pandemia, a un 70%.
El que numerosos estudiantes no regresen a las aulas tendrá consecuencias devastadoras en los ingresos y el bienestar de esta generación, lo que obliga a unir esfuerzos para alcanzar un gran acuerdo nacional en favor de la educación.
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Durante la pandemia, el MEP, el Micitt, la Asamblea Legislativa y órganos técnicos como Fonatel fuimos incapaces de atenuar el impacto de la pandemia porque no se otorgó un bono de conectividad temporal a los 500.000 estudiantes que aún no tienen Internet en los hogares.
El Estado de la Educación hizo un llamado en el 2020 a mitigar el efecto de la suspensión de lecciones presenciales mediante el apoyo a las familias de escasos recursos, pero fue y sigue siendo imposible debido a la burocracia estatal.
Por estos errores, la futura administración está en la obligación legal y moral de decretar clases presenciales en escuelas y colegios, y ejecutar un plan de recuperación para revertir la pérdida de aprendizaje acaecida durante estos meses.
Para lograrlo, es preciso un diagnóstico a fin de que los educadores determinen el nivel de conocimiento de los estudiantes, incluso ampliar la cantidad de horas lectivas e incluir los sábados.
La estructura del MEP es burocrática y requiere una revisión. La composición de 3 viceministerios, 15 direcciones centrales, 27 direcciones regionales, 45 departamentos y otros tantos órganos desconcentrados ocasionan disfuncionalidad en el sistema.
Directores y docentes alimentan de información esas dependencias, lo que se traduce en desgaste y disminución sustantiva del desarrollo asertivo de los programas de estudio.
Las direcciones de los centros educativos en lugar de invertir el tiempo en la administración del currículo, y los docentes en impartir sus lecciones, dedican un porcentaje enorme a la entrega de papeles e informes del tamaño de una catedral; este esquema de funcionamiento dificulta el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
La vida es digital. El MEP debe modificar su estructura para imprimir eficiencia y adoptar sistemas en línea para que el Ministerio sea digital.
Los centros educativos deben estar conectados a los servidores de las oficinas centrales. Educadores, estudiantes y padres de familia deben poder acceder a la información en portales educativos que coadyuven al reforzamiento de los contenidos; además, es urgente que los trámites y gestiones de los maestros y profesores se canalicen de forma electrónica para favorecer la eficiencia y la transparencia.
Los estudiantes no saldrán adelante sin la participación, motivación y compromiso de los educadores; sobre los hombros de maestros y profesores recaen los principales desafíos para garantizar que esta generación desarrolle las competencias que demanda la era del conocimiento.
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El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez —órgano desconcentrado del MEP— tiene la obligación de capacitar a los educadores, pero de este se conoce muy poco en cuanto a resultados. Sus jerarcas deberían involucrarse más en el diseño de planes de capacitación y actualización para que a corto plazo los educadores se entrenen en línea o de forma presencial sobre tendencias y métodos de aprendizaje exitosos en países miembros de la OCDE, es decir, una nueva mentalidad y una actitud para beneficiar la enseñanza de sus alumnos.
Si nuestros docentes renuevan sus conocimientos y adquieren nuevas habilidades pedagógicas, podríamos mejorar la educación.
Para el éxito futuro es preciso invertir en calidad. Si bien la Constitución establece el 8% del PIB, la crisis fiscal ha golpeado la inversión en este rubro. Para el curso lectivo 2022, la disminución será de alrededor de ¢3.000 millones.
No obstante el panorama tan desolador, el MEP tendrá un presupuesto de ¢2,5 billones, es decir, es la institución con mayor transferencia de fondos (un 22,44%) por lo que tiene la obligación de optimizar el uso de estos.
El futuro de la sociedad está en manos de escuelas, colegios y educadores. Los candidatos y las candidatas a la presidencia o diputaciones deben dar prioridad al tratamiento de la crisis educativa y colocarla como uno de los principales ejes de la recuperación económica y la reducción de las desigualdades territoriales.
Para seguir avanzando hacia la igualdad de oportunidades, debe actualizarse el marco jurídico, echar a andar iniciativas que son ley, como la educación dual, y dirigir recursos nuevos a la educación cuando comience la recuperación económica y alcancemos el equilibrio fiscal.
El autor es diputado.