Las reformas a la Ley 7537 (Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación) podrían declarar ilegal el ejercicio de la computación en Costa Rica para quienes no estén suscritos al colegio profesional.
Soy graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Ingeniería en Producción Industrial. Sin embargo, desde mi graduación he realizado una carrera profesional como consultora de desarrollo de software , específicamente en el área de automatización y control de calidad web. Para ello, he tenido que aprender con el trabajo y herramientas en línea a programar. Gracias a esto logré exportar mis servicios a Estados Unidos y he colaborado con empresas de capital estadounidense para establecer operaciones y contratar más programadores de Costa Rica.
Desde hace poco más de un mes me encuentro realizando estudios de maestría en Alemania, precisamente en el área de emprendimiento e innovación. Mi objetivo, al terminar esta preparación profesional, es acometer el proceso de madurar una empresa en Costa Rica dedicada a la calidad de los productos web para las pymes y las Start Ups de Tecnología.
Ambiente hostil. Con esta ley, mis actividades y mi empresa serían ilegales. La modificación representa un ambiente hostil e inadecuado, fuera del contexto y la realidad mundial para la ejecución efectiva de proyectos como el que me propongo. Mi caso no es aislado: hay una gran cantidad de ingenieros en sistemas que, como yo, está sumamente preocupado por el contenido y las repercusiones del proyecto de ley que menciono.
Muchos profesionales en computación actualmente son autodidactas, personas que han aprendido con esfuerzo trabajando en el área, estudiantes que deben trabajar y estudiar para mantenerse, y, sobre todo, emprendedores cuyas ideas innovadoras se verán truncadas, si el proyecto de ley llegara a ser aprobado.
Según esta reforma, las actividades relacionadas con desarrollo de software que no estén bajo el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) podrían incurrir en ilegalidad (hasta la cárcel), aplicándose el artículo 322 del Código Penal.
Lo más preocupante de todo es que el CPIC no ha podido justificar a cabalidad las razones por las cuales esta reforma es tan importante. Se sustenta en que va a “garantizar la calidad” del profesional al ser “respaldados por formación académica superior”. A mi parecer, refleja nada más el interés de una minoría, y favorecerá a la directiva del CPIC. Hoy en día, ningún país del mundo obliga a las personas que desarrollan software o aplicaciones móviles a contar con un título universitario, y mucho menos estar colegiados.
La ejecución de esta reforma le cierra la puerta a incontables ideas y la creación de nuevas oportunidades para el país. En tiempos como los nuestros, la tecnología representa el camino indiscutible a seguir utilizando como herramienta para competir a nivel mundial; la información y su libertad de uso deben ser nuestro eje principal si queremos seguir siendo líderes latinoamericanos en esta área.
La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación anuncia abiertamente su oposición rotunda. La aprobación de esta ley desencadenará un repunte en el desempleo, ya que los profesionales que no podamos colegiarnos estaremos inhabilitados para acceder al mercado laboral. La calidad de software y servicios relacionados, y la tecnología que se exporta desde Costa Rica, nunca ha dependido de procesos de calidad de ningún colegio profesional. Hemos llegado a ser potencia latinoamericana en producción de software y servicios relacionados sin esta obligatoriedad. No existe evidencia alguna, ni datos concretos de cómo y por qué esta ley va a beneficiar al país en términos de inversión extranjera, empleo o calidad de los productos.
Costa Rica no debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que este proyecto de ley llegue a ser aprobado.