Cuando Solidaridad asumió el gobierno en Polonia, en 1989, gozaba de un amplio respaldo popular y de una fuerza moral ganada en diez años de lucha. Esta situación favorable le permitió al primer ministro Mazowiecki, después de seis meses de preparación e información a sus ciudadanos, impulsar el paquete de medidas de shock del plan Balcerowicz, que exigía grandes sacrificios a toda la población.
A mí me tocó estar en Varsovia en enero de 1990, mes que entraron en vigencia estas fuertes medidas. Era impresionante la disposición al sacrificio de la población, que aunque un poco asustada, las aceptaba como un mal necesario para la recuperación de su patria.
Esta situación idílica se fue deteriorando posteriormente por el debilitamiento de la seguridad pública, el papel de las mafias y la paralización de una gran parte de la economía. Los recortes draconianos de presupuesto, por una parte, erosionaban las funciones básicas del Estado creando inseguridad y sentido de injusticia. Por otra parte, las restricciones de crédito y de libre operación en las nuevas condiciones de mercado habían deprimido y paralizado las empresas estatales afectando la economía en su conjunto. No se veía la luz en el fondo del túnel y mientras se enriquecían los menos escrupulosos y los más mafiosos, el grueso de la población se empobrecía aceleradamente. Para suerte de Polonia, la sociedad civil, fortalecida en los diez años de lucha por el poder, pudo encontrar, como lo señalé en un artículo anterior, una salida democrática para este impasse. No solo se les dio participación, en la definición de soluciones a los autogobiernos obreros y se quitaron las restricciones burocráticas de operación, para reactivarlas, a las empresas estatales sino que también se fortalecieron las funciones básicas del Estado, especialmente la seguridad personal y de transacciones. Así, la mafia vio restringido su avance, mientras que los empresarios honestos encontraron condiciones estimulantes para el desarrollo de sus actividades.
Del manejo de este proceso y de las ricas experiencias en cambio organizacional y empresarial contemporánea, ya que el Estado es la empresa colectiva, se pueden sacar conclusiones útiles para los países, que como el nuestro se ven abocados a una reforma del Estado, me aventuraré a formular algunas .
Para que el proceso de reformas sea aceptado por la población el gobierno que lo impulsa debe generar condiciones básicas y un clima favorable para gozar de legitimidad y respaldo. En este sentido se debe procurar: a) Mantener informada, con altos niveles de credibilidad, a la ciudadanía sobre los alcances, duración y repercusiones de la reforma; b) Estimular la participación, lo más descentralizada posible, de la ciudadanía en general y de los trabajadores y empleados involucrados directamente en particular, en la toma de decisiones concretas; c) Garantizar la seguridad de las operaciones económicas y de las personas, manteniendo condiciones macroeconómicas adecuadas, un eficiente aparato de justicia y de seguridad personal y social, d) Impulsar la educación y la capacitación científico-técnica, así como ética y social en el espíritu de las mejores tradiciones costarricenses, e) Predicar con el ejemplo.
En este sentido deben orientarse las políticas del Estado y articularse la acción de sus instituciones. De tal manera, el Estado, si bien debe reducirse y adecuarse a las nuevas exigencias, no puede debilitarse en sus funciones básicas, no puede ser un Estado ineficiente y errático pues esto erosiona las condiciones y deteriora el clima necesario para las transformaciones.
Lamentablemente, nuestros políticos sin distinción de partido, han afectado, con sus decisiones, las funciones básicas del Estado, lo que ha repercutido en una pérdida de su autoridad, precisamente cuando más se necesita, y en la creación de un clima desintegrador proclive a la anarquía y la corrupción.
En Costa Rica, el gobierno goza de legitimidad electoral, pero esta no es suficiente para pedir, sin mayor explicación, sacrificio a la población. La ciudadanía debe estar informada de la necesidad de transformación del Estado y participar en la creación de los puntales de una visión de futuro compartida. Las funciones básicas del Estado como garante de condiciones macroeconómicas y de seguridad personal y social deben asegurarse. Las leyes deben respetarse, en especial las que atañen la vida cotidiana como las de tránsito y salud (botaderos de basura), que es donde la población percibe, de manera directa, las decisiones y capacidades del gobierno. Los privilegios y la corrupción deben ser abolidos con prontitud y firmeza, empezando por los niveles más altos, que es de donde se difunden a todas partes, para que los gobernantes gocen de respaldo y autoridad en su tarea.
Pienso que para la reforma del Estado, podría serle útil a nuestro gobierno recurrir también a la experiencia práctica en el manejo de este tipo de procesos, de países como Polonia o Nueva Zelanda para evitar desfases entre los métodos utilizados y las metas buscadas. De tal forma se podrían obviar los métodos de "ordeno y mando" propios de la "sociedad de las chimeneas", que no garantizan resultados y sustituirlos por modernas intervenciones de proceso, basadas en la práctica de empresas y estados, que generen un clima y condiciones que incorporen la mente y el corazón de los ciudadanos a la transformación de Costa Rica.