Es ya una tradición que, al cumplirse los primeros cien días de un nuevo Gobierno, los analistas y los medios de comunicación dediquen profusos comentarios y amplios reportajes sobre el desempeño mostrado y las expectativas generadas por las nuevas autoridades.
Esta sana práctica democrática permite al mismo tiempo que el presidente de la República y su equipo les rindan a los ciudadanos un informe sobre la situación encontrada, pero fundamentalmente sobre el trabajo realizado en ese período y los planes a desarrollar en su administración.
En esta ocasión, el plazo de los cien días coincide con una situación de turbulencia política en la que convergen situaciones dentro del Gobierno, y otras en el seno del Partido Acción Ciudadana (PAC), que han generado un clima de gran desconcierto, tales como la salida de un importante asesor del presidente Solís, exigida por el fundador del PAC, don Ottón Solís; la denuncia de los nuevos jerarcas de esa agrupación política de un injustificado pago por ¢277 millones a un abogado en el pasado proceso electoral, suma que se pretendía cobrar por concepto de la deuda política; y la división de la fracción oficialista por el tema del diputado Morales Zapata.
Contradicciones. Pero también, a los cien días de haber asumido el poder, don Luis Guillermo Solís enfrenta un deterioro de su imagen y popularidad, producto de la inconsecuencia de algunos de sus actos.
Tal vez el más significativo de ellos ha sido el nombramiento de Mariano Figueres al mando de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). En este caso su pifia fue doble, ya que lo designó después de haber afirmado que el señor Figueres no ocuparía cargo alguno en su Gobierno, y lo hizo para dirigir una entidad que en campaña había prometido cerrar. Este acto fue, sin duda alguna, un duro golpe a la credibilidad del mandatario.
La permanencia, aunque con posible cambio de nombre, del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), después de que en campaña se comprometiera a cerrarlo el primer día de su gobierno, es otra evidente falta de consecuencia que le ha generado fuertes críticas.
Por otra parte, el incumplimiento de promesas, como la de bajar las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles, demostraron que estas fueron planteadas con ligereza e irresponsabilidad, ya que no tenía ni idea de cómo hacerlo, al punto de que el presidente tuvo que reconocer que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, confirmando la falta de correspondencia entre el dicho y el hecho.
Además, algunos nombramientos realizados han sido fuertemente criticados por considerarse como una práctica de nepotismo que tanto repudiaron con anterioridad.
Las no pocas contradicciones entre las declaraciones de algunos de sus ministros y las del señor presidente revelan no solo falta de coordinación de los integrantes del equipo, sino también una inesperada impericia y han contribuido a exacerbar el sentimiento de desilusión, frustración y enojo de muchos de los que votaron por él.
Golpe a la imagen. Pero la inconsecuencia en las actuaciones del partido que lo llevó al poder también salpican la imagen y la credibilidad del presidente. La liquidación de los gastos de campaña por ¢4.225 millones –un “güevasal de plata”, según Rodrigo Carazo, expresidente del PAC–, presentada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), no guarda relación con su tan pregonada austeridad.
El pago multimillonario al abogado Jorge Sibaja por autenticaciones innecesarias, el premio de ¢75 millones al estratega Iván Barrantes y el gasto de ¢400 millones en las llamadas “Rutas de la alegría” no son precisamente ejemplos de la lucha contra el despilfarro promovida por ese partido en campañas anteriores.
Incluso la fracción parlamentaria del oficialismo colabora a empañar la gestión de su partido en estos primeros cien días, al justificar las ausencias de un diputado, que nadie sabe si es, o no, miembro de esa fracción, para que no pierda ¢1,2 millones de su salario e igualmente autoriza el uso por parte de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de algunos puestos de asesores parlamentarios que le corresponden, pero que no utiliza, echando por la borda su autoimpuesta austeridad.
Es así como la conducta asumida y las actuaciones llevadas a cabo en los primeros cien días del presente Gobierno no son consecuentes con los principios sustentados, las promesas formuladas y los compromisos contraídos con anterioridad al ejercicio del poder.
Por otra parte, lamentablemente, si no se corrige el rumbo a tiempo, esta situación podría derivar en una absoluta pérdida de credibilidad y confianza, aumentar los niveles de ingobernabilidad y, además, propiciar el discurso de la antipolítica, poniendo así en riesgo nuestro régimen democrático.