Una debilidad de cierto tipo de investigación sobre temas nacionales es su carencia de continuidad, dado que cada problema se toma en sí mismo como en una especie de feudo continuo, sin relación alguna, espacial o temporal. Algunas investigaciones periodísticas y, en algunos casos, de la CGR, a veces, padecen de ella.
Ciertamente, dado que el universo de cada problema es arbitrario, a criterio del investigador, no hay nada que obligue a que una investigación particular tenga que abordar estas o aquellas variables como puede serlo, por ejemplo, ampliar la línea temporal para establecer, por una u otra razón, relaciones con casos similares.
A veces, sin embargo, la falta de continuidad en la investigación termina por rescatar cada uno de los árboles sin que el bosque sea, siquiera, la suma de ellos. Simplemente, desaparece. Y con ello, las responsabilidades previas, las acumuladas.
Casi desde siempre, la corrupción ha estado con nosotros. Don Vicente Lachner, en su recuento histórico sobre la sanidad en Costa Rica hasta inicios del siglo XX, relata la construcción de lo que sería el primer hospital, en 1791, en Cartago, gracias al impulso de la donación, mediante su testamento, de don Luis Méndez, de 896 pesos.
La administración de los 896 pesos recayó en manos del albacea de don Luis, don José Ruperto Prieto. En 1804, la Real Audiencia de Guatemala le pidió cuentas, dado el crítico estado de las instalaciones construidas, a lo que don José informó haber gastado 102 en costas, 19 en portes, 4 en poder haber remitido 191 a Ubico (no se sabe muy bien quién es) y 116 le pertenecían a él. La donación se había reducido a 464. El albacea tuvo la cortesía de agregar que, si fuera el caso que tuviera que hacer la transferencia al hospital, vendería su casa nueva en la esquina de la plaza principal. “Vemos, pues –señala don Vicente–, que la dilapidación de fondos de beneficencia es un vicio antiguo entre nosotros”. Posiblemente solo valor académico tendría el abordaje de la ineficiencia y corrupción desde el siglo XIX al siglo XX, alrededor, por ejemplo, del desvío de recursos. Carece de actualidad, entre otras razones.
Historia más antigua. Hoy, lo actual, lo inmediato, por ejemplo, es el desastre de la Carretera a Caldera pero, dado que el interés se centra, a lo sumo, en el tiempo, de quien aceptó, en las condiciones en que lo hizo, el proyecto final, se tiende a olvidar que la historia es más antigua que eso y que, desde sus inicios, el proyecto estuvo signado de problemas.
Es cierto que, desde la administración Pacheco, la responsabilidad fue de doña Karla González y su equipo, quien, además, tuvo mucho tiempo para limpiar y modernizar al MOPT y todo lo que gira alrededor de él. Pero ni una ni otra. Para decirlo en términos aun más actuales, no fue capaz de hacerlo “a la chilena”; lo hizo “a la tica”.
El día de la inauguración, don Óscar cortó la cinta de lo que la señora Ministra, que sabía que ese día llegaría inevitablemente, había logrado a esa fecha. Como ya se sabe, nuestra “ministra de Minería” falló, total y completamente; le faltó capacidad gerencial.
Pero el proyecto había nacido en 1973, durante la administración Figueres Ferrer, con su propio pecado original, tal como lo describió en su momento el exministro de Transportes, don Rodolfo Silva, dado que “se adoptó la ruta por la margen derecha (La Guácima, Turrúcares, Concepción), por terrenos más costosos y de difícil adquisición, como se vino a comprobar. Este pudo haber sido el primer pecado en la aciaga historia de esta ruta”.
En la primera administración Arias Sánchez y en la de Calderón Fournier, entre otros grandes arbolitos, no se utilizó un préstamo del BID por $40 millones para su construcción, pero el país pagó $3 millones en comisión de compromiso. La historia incluye conflictos por las valoraciones de los derechos de vía, sumando denuncias penales y desestimaciones e inevitables historias durante las administraciones Rodríguez y Pacheco.
Pesa sobre el ambiente la tentación de lanzar la piedra en una sola dirección quemando en la hoguera exclusivamente a Karla González y su equipo. No me opongo a la “hoguera” pero sí a su exclusividad.
Desde 1973, nadie está exento de responsabilidad. Los presidentes, los ministros, los miembros de consejos, los órganos, los funcionarios, los profesionales, los consultores, los administradores, los políticos, aquellos, los otros, cargan sobre sí su respectiva cuota de responsabilidad y hoy, al menos, de paso, debieran tener la cortesía de no echar leña a la hoguera, que la memoria es flaca pero no tanto.
Hablando de investigaciones, ojalá que la legislativa incluya, en su dictamen final, un capítulo, al menos introductorio, de los antecedentes del contrato final. Así, al día del Juicio Final, todos llegarán en igualdad de condiciones, el bosque se visibilizará para todos y llegará a su fin, al menos para las concesiones, aquello de que los otros, los otros son los responsables.