Artículo 57: “El salario será siempre igual para trabajo igual”. Así reza la Constitución Política de Costa Rica. Nuestros presidentes, ministros, diputados y jueces juran ante Dios y la Patria, respetarla y defenderla.
La Constitución aprobada en 1949 en su artículo 191 dice: “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. El Estatuto que aprobó la Asamblea Legislativa en el año 1953 no cubre a todos los servidores del Estado, como lo dispone claramente la Constitución, sino únicamente a una minoría de los servidores del Poder Ejecutivo.
En esta situación, cada poder de la República y cada institución autónoma, semiautónoma o municipal, creó su propio sistema de salarios y beneficios para sus funcionarios. Esto dio como resultado, una ávida competencia entre los poderes del Estado y sus instituciones, incluyendo a la Contraloría General, por mejores condiciones salariales y una frenética creatividad en “pluses” y beneficios,con regímenes de pensiones insostenibles.
El país se encuentra hoy ante una situación inmanejable de disparadores del gasto público y de enormes injusticias dentro de la misma administración pública. Cabe aclarar que los menos beneficiados y posiblemente perjudicados de esta orgía de supersalarios y beneficios, han sido los funcionarios cubiertos por el Estatuto del Servicio Civil.
Ahora, el Gobierno se percata de la situación inmanejable de las finanzas públicas y de las enormes diferencias salariales y de beneficios entre las mismas instituciones del Estado y trata de ponerle un parche a la avalancha del gasto público por los supersalarios y privilegios principescos, del que únicamente un reducido número de funcionarios goza.
Esta situación también ha creado enormes diferencias salariales y de beneficios entre los asalariados del sector privado y del sector público. Dentro de este sector, también se dan grandes injusticias entre niveles e instituciones. Las instituciones más favorecidas son las que le cobran directamente sus privilegios a los ciudadanos, por medio de las tarifas de los servicios que prestan en régimen de monopolio.
Este caos de salarios y privilegios del sector público ha llegado a tal punto, que tiene en peligro de muerte nuestro estado de seguridad social, creado por Calderón Guardia, Figueres Ferrer y Mora Valverde entre otros, a mediados del siglo pasado. Como ejemplos podemos mencionar: La crisis financiera de la Caja; el diferendo entre la Caja y la Universidad de Costa Rica por los Ebáis del este; la amenaza latente de la “madre de todas las huelgas” del sector público; el déficit inmanejable que solo provoca inflación; pagos elevados a los tenedores de bonos y aumento en los intereses para los deudores.
Los Poderes del Estado y la Contraloría no informan con transparencia la realidad de esta situación ni de la propuesta de ley. Se valen de toda clase de artificios, para impedirle a los costarricenses conocer la realidad de los servidores públicos en condiciones de privilegio.
Son los funcionarios públicos con menores salarios y beneficios, los que hacen paros, desfilan, gritan y se asolean, defendiendo la situación de los realmente privilegiados, contribuyendo, así, a la destrucción inminente de nuestro Estado de seguridad social.
Luis Lorenzo Rodríguez B. Profesor UCR, exdirector Escuela de Administración Pública UCR.