Una vez conocidos los resultados electorales en los 84 cantones, en vista del gravísimo problema de la inseguridad y la apatía gubernamental de proporcionar los recursos necesarios a los cuerpos policiales, la colaboración de los futuros jerarcas municipales es crucial para la tranquilidad en cada una de sus ciudades.
La Comisión contra el Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados les ofrece asesoría jurídica y policial gratuita para hacer causa común y prevenir los delitos.
Los diputados ya se sumaron a la solución contra un flagelo que se cobra la vida de cientos de personas, entre estas, un investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un policía que cumplían con su deber.
Contradice la tesis absurda de que quienes no andan en malos pasos no debían preocuparse, porque nada les va a pasar. Está comprobado que estas versiones sin sustento constituyen un grosero engaño sobre la realidad.
Es cierto, se analizan proyectos de ley con el objeto de combatir la criminalidad; sin embargo, ningún habitante está esperando que lo asesinen, roben, estafen o violen para que luego las autoridades condenen a los culpables.
Más bien, debe procurarse que nadie nos haga daño y que el Poder Ejecutivo cumpla con el mandato constitucional de protegernos, manteniendo el orden y la tranquilidad, tomando las providencias para el resguardo de las libertades públicas, como dice el inciso 6 del artículo 140 de la Constitución.
El OIJ nos ha dado una lección ejemplar al ejecutar un gran operativo en Limón. Con ello, demostró que la presencia policial en las calles controla o baja significativamente la criminalidad.
El principal trabajo de los agentes del orden y la seguridad es estar en las calles, armados y con las provisiones necesarias para la contención eficaz de los criminales que pululan en las barriadas, armados con fusiles de guerra y ametralladoras sin que sean detectados por las autoridades.
El trabajo del OIJ no es posible mantenerlo por mucho tiempo, pues los recursos son limitados. A la institución represiva, le resulta imposible llevar a cabo acciones preventivas porque su labor es eminentemente investigativa, y así lo ha establecido la Sala Constitucional.
La contención y vigilancia de los poblados es obligación de la policía del Ministerio de Seguridad Pública y de los oficiales de seguridad municipal.
Lo que estamos sufriendo debido a los graves delitos que a diario se producen es el efecto de causas que fueron abandonadas por los políticos de diferentes partidos, que no se ocuparon por resolver la desintegración familiar o la deserción de los estudiantes, tornándolos vulnerables al crimen organizado que los recluta y les asigna acciones delictivas.
La desigualdad, la falta de empleo, la carencia de viviendas dignas, la desatención de la salud, entre otros, también son el resultado del abandono institucional.
Irónicamente, existen iniciativas para crear megacárceles donde encerrar a los delincuentes. Se piensa, equivocadamente, que el aprisionamiento es la absoluta solución.
Sin embargo, los países que más privados de libertad tienen reflejan una decadencia social y son calificados de países en vías de desarrollo.
Unirnos con las alcaldías para prevenir el delito devolvería a los costarricenses la tranquilidad, que se ha visto disminuida por la acción de los antisociales.
El autor fue director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).