El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) está con el agua hasta el cuello, deduzco después de escuchar las declaraciones de Marco Cordero, intendente de agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), acerca de las situaciones que anegaron la institución: una, que sumerge en el malestar a los usuarios del servicio, y otra, el endeudamiento, cuyo volumen llenaría hasta los topes cualquier planta de tratamiento.
La entidad se encharcó aún más después de la denuncia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) de que presuntamente se construyó una red paralela a través de la cual no corre agua, sino miles de millones de colones.
Sobre la primera situación, y al igual que muchos usuarios, también detecté en mi ánimo una fuga de indignación al enterarme de que estoy pagando una factura mensual en la que me cobran dos aguas: la que consumo y la que se pierde, debido, entre otras cosas, a “medidores que no están midiendo”.
En dos palabras, por cada metro cúbico de agua que consumimos, cancelamos a la institución el doble de su valor. Con conciencia ciudadana, he atendido el llamado a racionar el agua: riego el jardín solo una vez a la semana y mi baño diario es un brutal ejercicio de prisa y vértigo; sin embargo, la austeridad es cobrada por partida doble.
En la particular visión del AyA, y haciendo trizas la universal ley de la retribución de las buenas acciones, nos recompensan con el castigo. Darner Mora Alvarado, salubrista público y funcionario del AyA, objetó en una publicación, el martes 27 de junio, que el cobro de la doble tarifa es ilógico, “porque si el agua no se contabiliza al pasar por los hidrómetros no puede ser facturada”.
Si tal es el problema, escala de doble a escalofriante, porque las correcciones a las facturas que el AyA debe hacer casi mensualmente a decenas de usuarios quejosos, ¿de cuál agujereado tubo administrativo provienen?
El endeudamiento de la institución el intendente de la Aresep lo describió con un lenguaje contenido, pero dejó caer gota a gota un implacable veredicto. El endeudamiento “no se corresponde con los proyectos por los cuales se solicitó”.
Y, para que no se descalifiquen sus palabras aduciendo que desconoce la realidad del AyA, la vuelta de tuerca la dio Alejandra Mora, ingeniera y directiva de la entidad, quien, en relación con los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dijo que hay gente que durante muchos años ha recibido un salario y los proyectos no avanzan.
Para hacer esta afirmación se fundamentó en auditorías de las empresas Deloitte & Touche y Murillo & Asociados. Reconozco la honradez de Darner Mora por confirmar las palabras de la ingeniera. Solo acercaré un poco de dinero para poner la situación en perspectiva: la institución y los ciudadanos estamos ahogados en una profunda laguna de ¢14.000 millones en deudas.
El tercer derrame lo reveló el Mideplán. Al parecer existe una estructura paralela en el AyA que la componen cien directores que no cuentan con aprobación y cuyo costo en salarios es de ¢4.800 millones anuales.
Existe en el contexto institucional público algo parecido a las líneas paralelas que siempre mantienen la misma distancia y nunca se tocan. En nuestro país, hay instituciones autónomas cuya línea paralela está tan distante de la del conjunto institucional que entre ellas se abrió un abismo a lo largo de los años.
En esa negra profundidad yace el propósito original y auténtico de los constituyentes de 1949, que concibieron la autonomía de las instituciones como sinónimo de servicio al pueblo.
Es una desgracia nacional que tan notable visión se distorsionara y desfigurara de un modo tan grotesco que en las paralelas de la institucionalidad pública nacional la línea de arriba sea la de las entidades autónomas que con una abusiva y deformada interpretación de su independencia han arrojado a la línea de abajo los intereses del país y de los ciudadanos.
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El autor es educador pensionado.