El 22 de setiembre presentamos al Plenario un informe sobre la gestión del empleo público y las características de las remuneraciones de los servidores públicos costarricenses.
Nuestro propósito fue llamar a aprobar las reformas institucionales que conduzcan a impulsar una gestión pública de calidad, y así tendremos un sector público que genere resultados convenientes cuando los bienes y servicios que presten respondan de manera satisfactoria las demandas y aspiraciones de la ciudadanía.
El Estado y sus instituciones tienen un papel estratégico en la generación de las condiciones para el desarrollo económico y social de la población. Esta responsabilidad debe atenderse en un contexto de déficit fiscal estructural de larga data.
Proyecto. El Gobierno ha definido una ruta con medidas que atienden tres campos: calidad, austeridad y equidad.
En materia de equidad, presentamos un texto de ley para poner tope a las pensiones de lujo; hemos empezado la denuncia de cláusulas abusivas que están contenidas en convenciones colectivas vigentes y apoyamos las medidas para frenar salarios de lujo.
En cuanto a austeridad, hemos frenado significativamente el gasto público en este año y medio de gestión y ello es constatable con la ejecución presupuestaria realizada, lo cual ha permitido fortalecer la inversión pública que ya comienza a ser visible en la infraestructura nacional.
En materia de calidad, se diseña un Plan Integral de Gestión de la Calidad en el Servicio Público y proponemos que el actual incentivo de anualidades sea transformado en un régimen de evaluación del desempeño de las instituciones y del servidor público.
En lo que respecta a la evaluación del desempeño, los cambios apuntan a que los trabajadores públicos sean evaluados a partir de un sistema que tome en consideración metas institucionales, por áreas de trabajo y por desempeño personal, que dichas metas sean valoradas mediante indicadores precisos, constatables y claros.
Quienes se hagan acreedores a este incentivo deben obtener una evaluación de muy bueno, y no habrá ninguna institución que otorgue más de un 2,54% por este incentivo, lo cual implica una rebaja sustancial de lo que actualmente se otorga en muchas oficinas públicas fuera del Gobierno Central.
El ascenso en carrera profesional deberá tener como requisito la obtención de una calificación de excelencia por lo menos durante dos años consecutivos.
También se ha propuesto la conformación de una comisión mixta legislativa que conozca y dictamine las diferentes iniciativas que en materia de empleo público se encuentren formuladas y presentadas.
Ha correspondido a los ministerios de Planificación, Presidencia, Trabajo y Hacienda formular estas propuestas; la búsqueda de diálogo, concertación y acuerdos ha impulsado nuestras acciones planteadas.
Los retos del empleo público son de compleja solución y, por tanto, requieren la participación y concertación de la diversidad de actores sociales y políticos. Nuestra responsabilidad es propiciar que esto ocurra. La herencia democrática de nuestra convivencia nacional nos compromete con ello.
Olga Marta Sánchez Oviedo es ministra de Planificación Nacional y Política Económica.