En 1994, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca, acto que llenó de alegría y regocijo al sector pesquero nacional ya que se creyó que, finalmente, el país dejaba de darle la espalda a nuestros mares y volvía los ojos hacia su potencial de riqueza.
Se consideró, entonces, que esa decisión proporcionaba un esquema institucional políticamente más fuerte que le permitiría superar la marginalidad en la que siempre había estado como parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para quien el tema pesquero y acuícola nunca fue prioridad.
También se pensó que el funcionamiento de esta institución era un avance para atender de mejor manera la responsabilidad del Estado de garantizar, defender y tutelar los recursos naturales de nuestros mares, así como la obligación de velar por su protección y de propiciar un desarrollo sostenible, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.
Sin embargo, en un grupo de pensamiento convocado por iniciativa de la Fundación Marviva para realizar un análisis del sector, se llegó a la conclusión de que el Incopesca es una entidad que nació defectuosa y débil, sin las herramientas ni la fortaleza para cumplir con su mandato, que no ha contado con apoyo político real y a la que nunca le han sido asignados los recursos necesarios para atender sus amplias competencias.
Oscuro panorama. Esta carencia de recursos imposibilita atender con eficiencia su obligación de controlar el marco regulatorio de la actividad, ya que deben fiscalizar y vigilar los diferentes puertos en los que desembarcan los productos pesqueros, así como una amplia línea costera de más de 1.200 km, en la que se realizan todos los días actividades de pesca, con muy escaso personal.
El insuficiente apoyo a esta institución, así como la ausencia de una visión país y la falta de una política nacional pesquera, le limita su liderazgo y su autoridad de cara a los subsectores nacionales para el cumplimiento de su mandato. En la práctica tenemos una institución débil que no ha podido evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros, ni mejorar la productividad y el ingreso del pescador.
El estado de la pesca muestra un panorama crítico y desalentador, con un alarmante decrecimiento de la producción y de las exportaciones, así como un bajo desempeño económico. Además, un número alto de pescadores artesanales en situación de pobreza. Esta realidad y la falta de fuentes de trabajo alternativas agravan las condiciones socioeconómicas de las comunidades costeras.
En cuanto a la gestión y gobernanza del recurso, se determinó que los sistemas de información para la toma de decisiones son débiles; que no existen datos sobre el estado del recurso y que hay muy poca capacidad para la recolección y análisis de los datos. Además, el monitoreo y evaluación de las pesquerías es débil o inexistente, las estadísticas son incompletas y desactualizadas, lo que hace que no se sepa con certeza qué, dónde y cuánto se pesca en nuestro mares.
Recomendaciones. Entre las recomendaciones del trabajo liderado por Marviva, dado a conocer recientemente, se plantea la conveniencia de una rectoría compartida entre el MAG y el Minae; la necesidad de una reforma en la integración de la Junta Directiva del Incopesca, que garantice la primacía del interés público.
Otra importante recomendación señala la conformación de una instancia consultiva con amplia representación del sector, otra de coordinación interinstitucional, y una más que tendría carácter vinculante, para dictaminar en relación con asuntos científicos y técnicos.
Estos cambios, y otros que se proponen, permitirían contar, en el corto plazo, con un sector pesquero política y socialmente posicionado, con una institucionalidad fuerte y consolidada, capaz de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y su recuperación, y de lograr el objetivo principal de que las comunidades costeras y los pescadores disfruten una mejor calidad de vida.