Fragmentado, desigual y carente de criterios comunes es el panorama de remuneraciones de las 326 instituciones públicas, las cuales, en su enorme mayoría, se encuentran fuera del régimen de Servicio Civil.
Lo anterior es producto de muchos años de creación de incentivos numerosos, escalas salariales inadecuadas, convenciones colectivas onerosas y de aplicación laxa de beneficios como la dedicación exclusiva o la prohibición.
Corresponde ahora, con firmeza y gradualidad, avanzar hacia esquemas de remuneración pública que favorezcan la eficiencia, la responsabilidad y la calidad del servicio público, en un contexto de equilibrio financiero, equidad, austeridad y respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores.
En efecto, se requiere transitar hacia un sistema de remuneraciones ordenado, que valore la naturaleza de las instituciones, que garantice criterios comunes de homogeneidad para establecer escalas de puestos y esquemas salariales acordes con procesos y resultados y que tenga como ejes la calificación y profesionalización del trabajo público, la competitividad en el mercado laboral y la excelencia. Es poner en sintonía el sistema de remuneraciones con un Estado eficiente y austero.
El Gobierno de la República ya inició el camino. Contrario a la práctica seguida hasta ahora, han sido denunciadas todas las convenciones colectivas que incorporan cláusulas abusivas, y tenemos logros palpables a este momento en tres instituciones. Asimismo, fue presentada una iniciativa de ley para poner tope a las pensiones de lujo apoyadas en medidas para frenar salarios desproporcionados.
Las negociaciones de incremento salarial de los tres últimos semestres han seguido el criterio de austeridad, con aumentos del 1,14%, 0,94% y O,08%, acordes con la inflación. Además, de acuerdo con la directriz 23-H, los jerarcas de los ministerios deben valorar e informar sobre la racionalidad y temporalidad de los contratos de dedicación exclusiva y prohibición (art. 19).
Junto con estas medidas, se trabaja en el Plan Integral de Gestión de Calidad en el Servicio Público, y el primer paso será la iniciativa de ley, de pronta presentación, para transformar el actual incentivo por anualidad en un régimen de evaluación de la excelencia en el desempeño, tanto de las instituciones como de los servidores públicos.
Por estas razones, y en virtud de que muchos cambios integrales requieren reformas legales para ser implementados, el Poder Ejecutivo exhortó a crear una comisión legislativa mixta, con el fin de concertar soluciones viables, tanto desde el punto de vista técnico como político, sobre los temas centrales relacionados con empleo público. La decisión final sobre su constitución corresponde a la Asamblea Legislativa.
La hora del cambio nos ha alcanzado. Es evidente que el empleo público no puede continuar gestionándose con los criterios utilizados hasta ahora. Es labor de todos equiparar nuestro régimen a las exigencias de los tiempos. El gobierno ya ha iniciado su parte y renueva su compromiso en relación con estos asuntos, pero la ruta es larga y difícil, y se necesitarán muchos aliados durante el recorrido.
El autor es viceministro de la Presidencia.