La rebaja planteada del marchamo equivaldría a un monto de ¢118.000 millones al año, según señala el Ministerio de Hacienda. La suma es un poco mayor de lo que el Estado invierte al año en bonos de la vivienda (¢108.000 millones en el 2023, para poco menos de 10.000 casas de interés social).
Según la estimación de Hacienda, el 65 % del rebajo llegaría al 20 % más rico de Costa Rica. En términos absolutos (no porcentuales) se le estaría bajando un monto mayor de impuestos a quienes tienen vehículos más caros. Se estaría subsidiando a los ricos. También, al dueño del auto más modesto y de trabajo, pero esa proporción es mucho menor.
Hay algo diferente que se podría hacer con un monto así, ahora que el país recupera margen gracias a la estabilidad fiscal. Hay 110.000 hogares en pobreza extrema (un 6,4 % de los hogares).
Esos ¢118.000 millones alcanzarían para brindar apoyo económico a los 110.000 hogares más pobres del país con un subsidio mensual de ¢89.000, y los sacaría de la pobreza extrema.
No solo sería la transferencia monetaria en sí, pues está demostrado que es posible encadenar las ayudas económicas con los programas de desarrollo humano (educación, salud, capacitación, prevención). La identificación de familias es posible gracias al Sinirube y a trabajo de campo. Esto haría una mejor sociedad para todos, no solo para los dueños de vehículos.
Significaría no invertir el dinero en carreteras, para lo cual habría que buscar solución, pero creo que muchos podemos coincidir en que sería mejor invertir en las personas que más lo necesitan.
También, creo que muchas personas, tal vez la mayoría, estarían de acuerdo con que es más importante ayudar al 6,4 % más pobre y vulnerable del país en lugar del 20 % más rico.
La política está llena de conflictos e intereses, pero la discusión pública también debe dar lugar a la razón y a la solidaridad entre personas. Una sugerencia de cambio de prioridades.
El autor es expresidente de la República.