Más allá de las limitaciones o alcances que tenga el proyecto C.E.R.R.A.R. del diputado del Partido Acción Ciudadana Ottón Solís, dirigido, entre otras propuestas, a crear el Ministerio de Asistencia Social (MAS), la iniciativa ha tenido la virtud de reabrir el debate acerca del funcionamiento, arquitectura institucional, coordinación, evaluación del desempeño institucional y rectoría del sector que se ocupa de la atención de la pobreza y la exclusión social.
El debate siempre es sano, pues permite no solo explicitar un problema, sino identificar las diferentes posiciones, sobre todo, si la discusión se encuentra motivada por sanas intenciones de buscar soluciones que fortalezcan el bien común.
Desde la administración 1994-1998 se han planteado soluciones coyunturales para el ejercicio de la rectoría del sector social: en unos casos, se ha dado esa responsabilidad a una de las vicepresidencias de la República y, en otros, a un ministro fuerte en la administración.
También se ha experimentado con varias modalidades de conformación de dicho sector, así como de coordinación del conjunto de las políticas sociales. Todas estas iniciativas no solo reconocen, de hecho, la ausencia de una coordinación o rectoría social, sino que han buscado mecanismos que permitan alcanzar una mínima racionalidad que garantice mayor eficiencia en la gestión de los recursos.
El problema es que se han incorporado cambios, alguno de ellos coyunturales, en vez de acometer un ordenamiento sistémico y estructural del sector.
Se trata este de un asunto cuyo diagnóstico es compartido por todos los sectores políticos y académicos involucrados en el tema.
Incluso la Contraloría General de la República, en el 2006 y el 2009, elaboró un informe en el que analizaba este desorden y recomendaba seguir pasos para alcanzar un ordenamiento y coordinación del sector. Igualmente, recomendaron organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el BID, así como las agencias de las Naciones Unidas y otras instancias regionales.
Seguir con un esquema como el que tenemos, es técnicamente cuestionable y moralmente inaceptable, por cuanto no resuelve el imperativo de la reducción de la pobreza.
Punto de partida. La solución que propone el diputado Solís quizá no sea la mejor; sin embargo, puede aprovecharse como un punto de partida para buscar un acuerdo social y político que ofrezca un ordenamiento definitivo.
Existen otras iniciativas presentadas en la corriente legislativa sobre este mismo asunto, así como varias propuestas en proceso de elaboración. Se trataría de impulsar una convocatoria a diversos sectores (fuerzas políticas, académicos, Contraloría, sector privado, etc.) para lograr una concertación puntual sobre la conformación, rectoría y coordinación del sector social.
La propuesta del diputado Solís recoge planteamientos que podrían ser bien recibidos y tienen bastante consenso, como la creación de un ministerio rector. No obstante, tiene otras propuestas que deberían ser objeto de un análisis más concienzudo. Por ejemplo, cabe preguntarse si ese ministerio rector debe ser también el ejecutor de los programas, o convendría, más bien, mantener brazos ejecutores técnicos o institutos especializados, adscritos a este ministerio, para que esta rectoría se concentre exclusivamente en dirigir, dar seguimiento, evaluar el desempeño institucional y ajustar las acciones por emprender.
Todo parece indicar que sería conveniente avanzar sobre las coincidencias para lograr el objetivo de una mayor eficacia en la gestión de la política social.
El proyecto presentado por Solís tiene la virtud de reabrir el debate de manera clara sobre el necesario ordenamiento del sector social; sin embargo, el norte de la discusión debe estar marcado por la búsqueda de la mayor sinergia sistémica posible y de un acuerdo social e institucional, pero, sobre todo, racional y razonable, que sea capaz de ordenar de una vez por todas un sector tan vital como este en la vida política e institucional del país.
Los autores son sociólogos.