Todos los directamente relacionados con el sector de la construcción en nuestro país tenemos claro que la aprobación del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, por parte de la junta directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), representa uno de los mayores desaciertos legales y políticos de los últimos tiempos.
El documento contiene múltiples violaciones a derechos constitucionales colectivos e individuales, pero, ante todo, se trata de una propuesta expropiatoria encubierta propia de regímenes totalitarios, lo que no tiene cabida en nuestra democracia.
El Poder Ejecutivo ha demostrado, por medio de la presidencia ejecutiva del INVU y del propio Ministerio de Vivienda, un preocupante grado de desconocimiento legal respecto a la jerarquía normativa y a sus propias potestades, al intentar modificar por medio de un reglamento una importante cantidad de leyes y normas constitucionales, tales como la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley General de Administración Pública y la propia Constitución. Esto solo puede ser realizado por la Asamblea Legislativa, conforme a los procedimientos que exige el principio de legalidad.
La grave y desacertada redacción utilizada para este reglamento busca limitar la libre disposición de la propiedad privada, desarticular las reglas legales que protegen a los condominios e incluso determinar cuáles zonas geográficas del país tienen derecho a desarrollarse y cuáles no.
Este intento de concentración del poder en una sola institución es sumamente peligroso desde el punto de vista constitucional, pero además afectaría a toda la población, porque generará menor inversión, encarecimiento inmediato del valor de las viviendas, aumento en el desempleo y un inevitable aumento de la inflación. A ello hay que sumarle los efectos colaterales que estas medidas tendrán sobre la venta de una enorme cantidad de bienes y servicios relacionados indirectamente con la construcción y el turismo.
Reenfocar esfuerzos. Nuestras autoridades deben trabajar en ordenar el desarrollo constructivo, acelerar los trámites de aprobación de permisos, promover la inversión nacional y extranjera con correctos beneficios fiscales escalonados según la cantidad de empleo que produzcan, generar empleo mediante políticas de desarrollo empresarial conforme a correctos estudios de mercado, y actualizar muchas de las normas que claramente necesitan ser revisadas y refrescadas para tener una correcta y adecuada aplicación que permita nuestro progreso económico.
Costa Rica necesita incentivar la inversión y el desarrollo en todos los segmentos, y el sector constructivo tiene un impacto directo en ello.
La presión pública ya ha llevado al INVU a comunicar que detendrá provisionalmente este desafortunado reglamento, pero solo para revisarlo y lanzarlo de nuevo.
Si lo que realmente se quiere es ordenar el desarrollo constructivo y contribuir con la planificación urbana, debe enterrarse esta propuesta y coordinar a los diferentes actores del sector para que conjuntamente se establezcan medidas de cumplimiento y ejecución para las muchas normas ya existentes, actualizando las que así lo requieran.
Costa Rica es un país que merece estar mejor, y tiene grandes posibilidades de lograr un rápido desarrollo, pero para ello no se necesitan nuevas leyes ni reglamentos, ni esperar décadas por un “gobernante redentor” que mágicamente resuelva todo. Simplemente debemos exigir que se apliquen las leyes existentes y se sancione a quienes las incumplan.
(*) El autor es abogado