Parece que este Congreso se irá con el triste demérito de no declarar benemérito a ningún ciudadano. Conforme con lo que la prensa ha informado, el benemeritazgo que este cuatrienio legislativo aprobó, fue únicamente a favor de alguna institución pública. Y no se me malinterprete: no dudo de la excelencia de cualquier institución que sea honrada con el benemeritazgo; sin embargo, a partir del principio de legalidad, la idea de declarar benemérita a una entidad, en especial a las públicas, refleja el desconocimiento que nuestros congresistas tienen respecto de las raíces legales de los fines de las instituciones.
Desde el momento en que el ordenamiento crea una institución (por imperativo de ley) su objetivo y su posterior actividad debe, necesariamente, ser benemérita. Las entidades públicas son beneméritas por antonomasia. Emitir un decreto legislativo donde se “re-declare” la condición de benemérita de alguna institución crea una circunstancia de excepción que es inconveniente desde el punto de vista constitucional.
Como bien lo señalaba Guillermo Solera Rodríguez, reconocido historiador de beneméritos, este tipo de reconocimientos son para estimular en la ciudadanía el fomento de las virtudes patrióticas. No son para hacer indebidas excepciones entre las instituciones públicas. Por ello, a mi hijo, quien heredó la vocación médica de su abuelo, constantemente le recuerdo que debe intentar emular las virtudes profesionales y los méritos de su ancestro, o, mejor aún, de próceres de la medicina como el Dr. Sáenz Herrera, el Dr. Joaquín Sainz Gadea (héroe español de la medicina en el Congo africano), o del Dr. Ricardo Moreno Cañas. No me veo, ni se me ocurriría, por ejemplo, recordarle que emule los valores de algún hospital.
El patriotismo y las virtudes ciudadanas deben estimularse, y una sabia forma de hacerlo, es reconociendo y exaltando el recuerdo de los mejores hijos de la patria, que por supuesto los hay.
Méritos. De hecho, en la corriente legislativa, actualmente se encuentra en espera el proyecto de benemeritazgo para ese grande del civismo que fue Fernando Lara Bustamante. Los méritos de Lara Bustamante no caben en un artículo. Solo como una ilustración, la abolición del ejército estatuida en la Constitución de 1949 (conquistada gracias al vigoroso impulso político del expresidente Figueres Ferrer) no hubiese sido posible sin la previa lucha de Lara Bustamante para abolir el ejército.
En junio de 1947, siendo Lara diputado ante el Congreso de la República, propone y promueve ante sus colegas diputados, para que se apruebe una revolucionaria iniciativa que pretendía suprimir las partidas presupuestarias que financiaban los cuarteles de armas, y por consecuencia, al ejército. En ese momento no fructificó la idea. Pero el prestigio que ya Lara se había granjeado como diputado culto y combativo hace que, en 1948, sea llamado a conformar una comisión redactora de una nueva Constitución.
Lara no desaprovecha la oportunidad. Arremete de nuevo con su idea, e insiste con agresividad ante el resto de sus colegas de comisión respecto de su tesis de establecer (ahora constitucionalmente) la proscripción del ejército como institución permanente. La agresiva insistencia que aplicó Lara ante la clase política de entonces, respecto de aquella novedosa tesis, sumada a la determinación política de don José Figueres, generó las condiciones que llevaron a la definitiva abolición del Ejército en nuestra Constitución.
Más aún. En su libro El Canciller Lara, el destacado historiador del derecho Jorge Sáenz Carbonell, nos recuerda que, en su condición de diputado, Lara Bustamante fue también uno de los principales promotores de otras importantes iniciativas, como la del Servicio Civil y la de los derechos políticos de la mujer. La patria lo recuerda, además, como un adalid del libre sufragio. En 1948, ante la inminencia del desconocimiento del triunfo de Ulate, la defensa que Lara hizo de esa elección presidencial, fue valiente y firme.
Igualmente, en su condición de canciller, Lara fue de una madera que difícilmente vemos en la clase “políticamente correcta” de hoy. Frente a las amenazas que entonces se cernían tras la cortina de hierro, fue un firme atalaya a favor del mundo libre y del desarme. Haciéndole honor a su historial personal de lucha por lograr aquel total desarme de Costa Rica, después, como canciller, fue también un activo promotor del desarme mundial.
Valiente y honorable. Su vida familiar y privada fue honorable. Lo que es ahora cada vez es menos frecuente. Lara fue un verdadero cultor de los valores familiares cristianos. Pese a ser nieto del expresidente Salvador Lara, su infancia fue dura. Huérfano desde muy joven, tanto de padre como de madre, debió vivir en casas de algunos tíos. En cuanto pudo trabajar, asumió la paternidad de sus otros hermanos igualmente huérfanos, todos menores. Sus estudios de abogado los pagó laborando como corrector de pruebas para la Prensa Libre.
Junto a su esposa, Ofelia Calvo, sacó adelante a sus hermanos y, posteriormente, a sus hijos. Finalmente, resultó el patriarca fundador de una familia honorable. Puedo dar fe de ello pues, desde mis años de estudiante en la secundaria conozco a su nieto, el hoy licenciado Fernando Lara Gamboa.
Hoy, cuando prácticamente la mayoría de los políticos son funcionarios públicos permanentes, él rechazaba para sí mismo la idea de vivir permanentemente del erario público. Por ello, en cuanto finalizaban sus labores públicas, se reintegraba de inmediato a su firma de abogados, de donde obtenía el sustento de su hogar.
En fin, Lara era un firme defensor de los intereses de Costa Rica. Con un canciller como lo era él, dudo que sufriésemos la humillación que actualmente vive el país en relación con la cuestionada y procesalmente irregular condena a Costa Rica (suscrita por 4 jueces de derechos humanos previamente parcializados), a raíz de nuestro “pecado” de defender la vida desde la concepción.
No dudo que, ante la OEA, Lara hubiese protestado firmemente, y aplicado las herramientas jurídicas necesarias para denunciar el cúmulo de irregularidades que acaecieron en el proceso de condena a Costa Rica. Lo creo por cuanto la gestión de Lara, como Canciller, se caracterizó por la defensa valiente de nuestro sistema de valores.
Existiendo en los anales de nuestra historia un prócer de la talla de Fernando Lara Bustamante, no veo justificación alguna para que, en cuatro años, nuestro Congreso hubiese omitido declarar benemérito a algún ciudadano costarricense.