Este año, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, nos plantea un reto que resuena desde la votación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el asegurarnos de que ninguna persona con discapacidad quede fuera de los frutos de la búsqueda colectiva del bienestar.
Este desafío implica hacer realidad una serie de garantías que nuestro país ha plasmado en su normativa –desde la Ley No. 7.600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento– y en la ratificación de tratados internacionales, en especial la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
Dichos postulados no pueden ser considerados aspiraciones, sino mínimos necesarios que deben verse reflejados en la política pública, en los presupuestos nacionales, en los planes de desarrollo y en la cultura de las instituciones estatales y de quienes prestan servicios públicos.
Lamentablemente, la realidad que cotidianamente enfrentan las personas con discapacidad, de la que dan testimonio las 442 investigaciones hechas por la Defensoría de los Habitantes en los últimos cinco años (con corte a octubre del 2015), demuestra que el país aún tiene una deuda para que, en la práctica, se cumplan los derechos más básicos de esta población.
A pesar de que la Ley No.7.600 daba un plazo de 10 años para que los edificios y servicios públicos cumplieran las normas de accesibilidad, el transitar por muchas de nuestras calles, aceras e instituciones públicas sigue siendo una barrera infranqueable para quienes tienen una movilidad distinta.
Aún circulan buses que no pueden ser abordados por personas que utilizan ayudas técnicas. En ocasiones, las rampas permiten cumplir un requisito, pero las unidades no cuentan con el espacio necesario para que estas personas puedan viajar de manera segura.
La discapacidad en nuestro país está ligada a índices más altos de desempleo, lo cual, lógicamente, lleva a que muchas personas en esta condición sean víctimas de la pobreza y se vean marginadas del desarrollo.
Es precisamente en estos casos en los que el Estado solidario debe dar una mano para asegurar un desarrollo inclusivo.
Lamentablemente, la Defensoría ha recibido un considerable número de denuncias por la dilación en los procedimientos para otorgar pensiones del Régimen no Contributivo de la CCSS a personas con discapacidad.
Las instituciones públicas no siempre cuentan con personal capacitado en lengua de señas y tampoco con la sensibilidad para adaptar sus políticas internas o de atención para garantizar una mayor participación y acceso a esta población.
Costa Rica debe reconocer que la pobreza y la exclusión no son ocasionadas por las “deficiencias” o estructuras corporales de las personas con discapacidad, sino por las barreras que les impone la sociedad.
Estas barreras se fundamentan únicamente en prejuicios y estereotipos profundamente arraigados que se reflejan en la actitud negativa de los funcionarios públicos y en muchos sectores sociales.
Nuestro país debe redoblar sus esfuerzos para asegurarnos que el desarrollo sostenible que aspiramos y queremos forjar sea inclusivo. Si no es así, difícilmente se podrá llamar desarrollo.
La autora ocupa el cargo de defensora de los habitantes.