La banda ancha es una poderosa herramienta de apoyo a la educación, la salud, los procesos de innovación, la investigación y, en general, para todas aquellas áreas de nuestras vidas que pueden mejorarse con la aplicación de la tecnología.
El impacto positivo sobre el producto interno bruto (PIB), la generación de empleo, el incremento en la productividad y el crecimiento de las exportaciones está ampliamente demostrado por estudios de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que la pregunta que surge de manera natural es qué estamos haciendo como país para aprovechar estas oportunidades, o por qué no, de manera concreta, cuál es el trabajo que el Gobierno de la República está haciendo para avanzar en este tema.
El papel del Gobierno es fundamental para el éxito de un proceso en el que participan múltiples actores, por lo que desde el inicio hemos establecido una visión clara.
Nos hemos propuesto que el 80 por ciento de la población tenga acceso a Internet a una velocidad equivalente a la mediana de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Una aspiración, sin lugar a dudas, ambiciosa por cuanto representa un objetivo en permanente crecimiento. Así lo demuestra el hecho de que en el momento de establecer la meta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) la velocidad era de 20 Mbps, y hoy, casi un año después, esa mediana se incrementó a 30 Mbps.
Serán tareas del sector empresarial público y privado –que hasta la fecha ha demostrado un gran compromiso con este asunto– instalar cable, fibra óptica, torres, ductos, antenas y, en general, llegar a los habitantes con la oferta del servicio.
Por parte del Gobierno, es nuestra responsabilidad generar las condiciones que permitan a los ciudadanos recibir servicios de calidad, sin importar el lugar del país donde se encuentren, así como brindar al sector empresarial trámites ágiles y eficientes que les permitan responder con rapidez al reto de brindar servicios en un país altamente demandante en términos digitales (así lo demuestra un reciente estudio del BID en el que se muestra que Costa Rica consume igual cantidad de datos que todos los demás países de la región juntos).
Áreas establecidas. Hemos iniciado nuestra tarea de manera diligente, a través de la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, la cual desarrolló un plan de acción que contiene cuatro grandes áreas: la actualización y emisión de nueva normativa de telecomunicaciones que permita al sector desarrollarse de manera adecuada; la emisión de directrices, lineamientos e instrumentos que permitan hacer uso eficiente de la infraestructura y derechos de paso actualmente disponibles; la formación de capacidades en los funcionarios públicos involucrados en el proceso de construcción de infraestructura; y la articulación y coordinación entre los sectores involucrados, lo que permite fortalecer el proceso de comunicación y generar resultados que nos beneficien a todos.
Nuestras acciones pueden dividirse en aquellas enfocadas a corto plazo para corregir una situación específica, y, a mediano plazo, para aquellas acciones que sentarán las bases estratégicas que mantendrán nuestro país como un líder regional en banda ancha.
Un ejemplo concreto es la iniciativa que estamos discutiendo con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para que las nuevas obras de infraestructura vial, así como las ampliaciones, queden previstas con ductos que serán usados para instalar redes de telecomunicaciones modernas, robustas, redundantes y eficientes.
Muchos son los retos para mejorar la velocidad de banda ancha, y más lo son cuando deseamos mantener precios asequibles para la población, pues al abordar este tema no se debe olvidar que Costa Rica ha ocupado los dos primeros lugares, en los años 2014 y 2015, en el índice publicado por la Alliance For Affordable Internet (A4AI), el cual analiza políticas e incentivos y su ejecución en el país, para asegurar que las personas con menos recursos puedan pagar por una conexión a Internet. Con esta tarea en mente, seguiremos trabajando.
El autor es viceministro de Telecomunicaciones.