Creer que la banca pública en competencia no debe generar utilidades es un mito que altera las verdaderas cualidades de un sector que necesita diseñar e implementar sus estrategias de competitividad basadas en objetivos reales, alcanzables y especialmente medibles, con el ratio (ROA) que relaciona los resultados con los recursos propios que es el indicador más apropiado de la rentabilidad bancaria.
En el cuarto considerando del decreto-ley de nacionalización bancaria N.º 71, de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, el Gobierno no condena ni fustiga las “grandes ganancias” que puedan generar los bancos garantizadas por el Estado y por el ordenamiento social, sino que manifiesta que estas “deben convertirse en ahorro nacional”.
La nacionalización de la banca, en su espíritu de libertad a favor del desarrollo económico y social de Costa Rica, dejó claro que este negocio no consiste exclusivamente en la colocación de sus propios recursos, sino que moviliza el ahorro nacional y las disponibilidades financieras del país, representados por los depósitos del público.
Una adecuada solvencia económica implica a su vez estabilidad financiera, lo que permite asegurar al público que sus depósitos están en buenas manos y que cuando esos recursos sean requeridos los tendrán disponibles.
Creación de valor. La adecuada administración de estos recursos requiere mostrar el rendimiento o productividad del capital empleado en esa actividad, teniendo como fin último la continua creación de valor a través de la obtención de una rentabilidad congruente o superior a las expectativas.
Sin utilidades robustas, entonces, cómo enfrentar adecuadamente la posibilidad de eventuales riesgos, como los de crédito y liquidez y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del acceso a servicios financieros o por medio de las transferencias sociales que se materializan con las cargas fiscales y cuasifiscales destinadas a instituciones públicas de orden social.
De las utilidades que generan los bancos estatales, cada uno aporta un 10% al Infocoop, un 5% a Conape, un 3% a la CNE y al IVM de la CCSS, actualmente en un 7% –que subirá gradualmente hasta llegar al 15%– unida al 30% del ISR.
Estos aportes tienen un impacto sustancial en el acceso a la educación, al desarrollo y al fortalecimiento del sector cooperativo, en la gestión y mitigación de riesgos durante emergencias en el país y en la atención de servicios públicos.
Gestión crediticia. Además, debe tomarse en cuenta que las utilidades de los bancos estatales se usan para llevar a cabo la gestión crediticia, en razón de lo cual si los bancos no mantienen una adecuada rentabilidad se debilitan, pierden competitividad, prestarían menos, sus ganancias mermarían y, finalmente, se reduciría el aporte económico que se destinan a todas estas instituciones públicas que impactan sustancialmente a nuestra sociedad.
De ahí, entre otros factores, la importancia de generar suficientes utilidades respecto al nivel de riesgo asociado a cada una de las líneas de negocio, que le permitan a la institución brindar buenos productos, mejorar su competitividad y reinvertir en servicios para sus clientes.
Continuar fortaleciendo el balance general de los bancos estatales, mediante la reducción de riesgos y gastos y buenas prácticas administrativas, hasta alcanzar una rentabilidad sostenible a largo plazo y congruente con los mejores estándares de esta industria, es fundamental para el futuro de este sector.
Por ello, las utilidades son buenas, y mientras más altas sean, mejor, porque maximizan el valor de la institución bancaria y su potencial para poder impulsar el desarrollo del país.
La autora es presidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.